Juicio a un extesorero de la Armada por presunto desvío de canon
NewsITe
Un extesorero del Servicio de Hidrografía Naval de la Armada Argentina enfrenta un pedido de tres años de prisión y el pago de una millonaria reparación económica, acusado de haberse apropiado de fondos correspondientes al canon de un predio estatal donde funcionó un parque acuático en la localidad bonaerense de San Clemente del Tuyú.
De acuerdo con la acusación, el entonces responsable de la División Tesorería, el capitán de corbeta Andrés Ramón Tapia Ruiz, habría desviado en 2015 alrededor de 1,8 millones de pesos que debían ingresar a la cuenta recaudadora del organismo. Esos fondos provenían del pago anual que realizaba la empresa usufructuaria del predio perteneciente a la Armada Argentina.
El juicio oral se inició el pasado 10 de febrero y, según trascendió, durante la audiencia celebrada este miércoles la fiscalía solicitó una condena de tres años de prisión y el pago de una reparación civil estimada en 315,4 millones de pesos. El cálculo contempla no solo el monto originalmente presuntamente sustraído, sino también su actualización en función del tiempo transcurrido y el perjuicio ocasionado al Estado nacional.
La hipótesis de los investigadores sostiene que el imputado intervino directamente en el circuito de cobro del canon anual. A través de una nota enviada a la empresa concesionaria, habría comunicado falsamente la existencia de “modificaciones” dispuestas por el entonces Ministerio de Economía respecto de la modalidad de pago.
La maniobra denunciada y el impacto económico
En lugar de concretarse como una transferencia bancaria directa a la cuenta del Servicio de Hidrografía Naval, como era el procedimiento habitual, el acusado habría instruido que el pago se efectuara mediante cheques emitidos a nombre del propio organismo. De esa forma, según la acusación, se generó una ventana para que los fondos nunca ingresaran formalmente a las arcas estatales y terminaran bajo su control personal.
Fuentes judiciales señalan que, de comprobarse la maniobra, se trataría de un caso paradigmático de administración fraudulenta en el ámbito de las fuerzas armadas, en un contexto de especial sensibilidad social sobre el uso de los bienes públicos y el control de los contratos de concesión de espacios del Estado.
- El monto original denunciado ronda los 1,8 millones de pesos de 2015.
- La reparación reclamada hoy asciende a 315,4 millones de pesos.
- El predio afectado pertenecía a la Armada y funcionaba como parque acuático.
- La causa se tramita en el fuero federal, con juicio oral en curso.
Para la acusación, el envío de una nota con supuestas directivas del Ministerio de Economía fue clave para modificar el circuito de pago y posibilitar el desvío de fondos.
En los próximos días, el tribunal deberá escuchar los alegatos finales de las partes y resolver si hace lugar al pedido de condena o si considera que no se acreditó la responsabilidad penal del exfuncionario naval. La resolución será observada de cerca por organismos de control y especialistas en transparencia, atentos al mensaje que pueda dejar este caso sobre el manejo y la custodia de los recursos públicos.
