La Justicia avanza sobre presuntas maniobras en el negocio de seguros oficiales
NewsITe
La Justicia federal dio un nuevo paso en la denominada causa Seguros, el expediente que investiga presuntas irregularidades en la contratación de coberturas por parte de organismos públicos durante el gobierno de Alberto Fernández. El foco está puesto en el accionar del intermediario Héctor Martínez Sosa, allegado al expresidente y pareja de su exsecretaria privada, María Cantero.
El juez federal Ariel Lijo ordenó una pericia contable exhaustiva para determinar si las operaciones con Nación Seguros S.A. generaron un perjuicio económico al Estado. El estudio estará a cargo del cuerpo pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se centrará en 45 convenios firmados entre reparticiones estatales y la aseguradora pública, en los que intervinieron 25 asesores privados.
De acuerdo con la resolución, los especialistas de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJAYCO) deberán aplicar una «metodología contable estricta», calculando los movimientos económicos en base histórica, a valor nominal original y con su correspondiente actualización en moneda homogénea. Además, estarán obligados a presentar informes mensuales sobre el avance del trabajo.
Qué deberá determinar la pericia contable
El objetivo central del peritaje es reconstruir cómo se realizaron las operaciones de seguros vinculadas, en particular, con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y otros organismos estatales, y verificar si existió un perjuicio para Nación Seguros y, en última instancia, para los fondos públicos.
Para ello se solicitó identificar, en cada contrato auditado, a todos los participantes, el rol que desempeñaron, los montos pagados, las causas contractuales de esos desembolsos y la situación patrimonial y financiera de las empresas intermediarias encargadas de responder por las coberturas.
Entre las firmas bajo la lupa aparecen, según fuentes judiciales, compañías como San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., TG Bróker S.A. y Paris Bróker S.A., entre otras. Los peritos deberán seguir la ruta del dinero que circuló a través de estos intermediarios y establecer con precisión quiénes fueron los beneficiarios finales.
Comisiones, fundamentación técnica y posible desvío de fondos
Otra de las claves del estudio será determinar si las sumas percibidas en concepto de comisiones guardan relación con servicios efectivamente prestados. La Justicia busca saber si las contrataciones contaron con una fundamentación técnica real o si los seguros funcionaron como un mecanismo para desviar recursos del Estado hacia el sector privado.
- Verificación de la correspondencia entre comisiones y tareas realizadas.
- Análisis de la razonabilidad de los valores pactados en cada convenio.
- Reconstrucción del circuito de pagos entre organismos públicos, Nación Seguros y brokers privados.
El peritaje contable apunta a establecer si las pólizas y comisiones respondieron a necesidades reales de cobertura o si fueron utilizadas como una vía para beneficiar a intermediarios cercanos al poder político.
La decisión de Lijo de acotar el temario a 13 preguntas específicas, desechando más de un centenar de pedidos de las defensas, busca concentrar la investigación en los aspectos patrimoniales más sensibles de la maniobra denunciada. Los resultados de la pericia serán determinantes para definir la situación procesal de los involucrados en una causa que ya se convirtió en uno de los expedientes emblemáticos sobre manejo de fondos públicos en la administración anterior.
