A comienzos de agosto, el Concejo Deliberante de Pergamino aprobó el proyecto de ordenanza, convirtiéndose en uno de los primeros distritos de la Segunda Sección Electoral en hacerlo.
En los fundamentos, la bancada que responde al intendente Martínez destacó que “las prácticas corruptas minan las bases de la democracia y una de las misiones del Cuerpo Deliberativo es respetar y hacer respetar los principios constitucionales y convencionales involucrados en el proceso de reglamentación de derechos”.
La iniciativa impulsada por el concejal Ignacio Maiztegui alcanza, entre otros, a autoridades de entes municipales, secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores, delegados, jueces de faltas, defensores del pueblo y secretarios del Concejo Deliberante, entre otros.
El proyecto sancionado determina que no podrán asumir cargos los ciudadanos “con sentencia judicial firme, o al menos sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso, extendiéndose hasta su eventual revocación posterior, o bien, hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.
Tras su aprobación en el recinto local, el jefe comunal amarillo tuiteó: “Celebro con alegría la aprobación de la Ordenanza impulsada por @JuntosPerga sobre @FichaLimpia, que prohíbe que las personas condenadas por delitos de corrupción puedan ocupar cargos públicos o partidarios”.
Ampliación
A principios de agosto, el bloque de senadores de Juntos presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley de Ficha Limpia que amplía el abanico de delitos contemplados para inhabilitar candidatos.
La iniciativa de la legisladora Lorena Mandagarán, del GEN, fue presentada con la coautoría de sus pares Juan Pablo Allan, Yamila Alonso, Ariel Bordaisco, Alejandro Cellillo, Marcelo Daletto, Flavia Delmonte, David Hirtz, Agustín Máspoli y Érica Revilla.
La propuesta apunta a modificar tres normativas provinciales para inhabilitar la competencia electoral de quienes cuenten con antecedentes penales.
En este marco, plantea la modificación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y Agrupaciones Municipales, estableciendo que no podrán ser candidatas a cargos partidarios las personas condenadas a penas privativas de la libertad, con sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia.