Crecen las tensiones mientras el Gobierno boliviano promete hacer respetar la Constitución
NewsITe
En medio de una crisis política y social que ya se extiende por casi tres semanas, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió que su administración hará cumplir la Constitución frente a las protestas y cortes de rutas que reclaman su salida del poder. El mensaje fue pronunciado durante un acto oficial por el aniversario de la gesta libertaria de Sucre, capital constitucional del país, y buscó enviar una señal de firmeza en un escenario cada vez más tenso.
“Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar. Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar”, sostuvo Paz ante funcionarios, dirigentes regionales y representantes de las Fuerzas Armadas. El mandatario ubicó así el conflicto como una disputa entre lo que consideró una “mayoría silenciosa” y sectores que, según su lectura, intentan desestabilizar al gobierno a través de bloqueos y presión callejera.
Las protestas comenzaron hace alrededor de veinte días y se concentraron inicialmente en el departamento de La Paz, pero con el correr de los días se expandieron a Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, lo que configuró un escenario de conflictividad nacional. Entre los grupos movilizados figuran sindicatos campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana y organizaciones cercanas al ex presidente Evo Morales, cuyo espacio político mantiene una fuerte presencia territorial.
Los cortes de ruta en tramos estratégicos derivaron en problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto. Ante esta situación, el gobierno dispuso puentes aéreos para garantizar la llegada de insumos básicos y activó gestiones logísticas e internacionales para mitigar el impacto de los bloqueos sobre la población civil.
Diálogo condicionado y temor a un mayor desabastecimiento
Paz reiteró que mantiene abierta la posibilidad de diálogo, pero puso límites claros a cualquier negociación. Según remarcó, las conversaciones no pueden desarrollarse “bajo la presión del hambre de los ciudadanos como escudo”, en alusión a la estrategia de los sectores movilizados de sostener los cortes pese a las advertencias sobre el empeoramiento del desabastecimiento.
“No voy a dialogar con los que no dialogan”, sentenció el mandatario, aludiendo a la falta de consenso para habilitar un corredor humanitario que permitiera el ingreso de suministros a la sede de gobierno. El intento de poner en marcha ese corredor durante el fin de semana derivó en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes, lo que incrementó la tensión política y social.
Agenda económica y rechazo a privatizaciones
En paralelo al conflicto en las rutas, el presidente confirmó la realización del Consejo Económico y Social previsto para este miércoles en La Paz. En ese ámbito se debatirán demandas regionales y proyectos vinculados a hidrocarburos, minería, litio e inversiones, sectores clave para la economía boliviana y para la proyección del país en el mercado internacional de energías y minerales críticos.
Paz también buscó despejar rumores sobre un supuesto programa de privatizaciones. Aseguró que su administración no tiene previsto vender empresas estatales ni aplicar aumentos en tarifas de servicios básicos como electricidad, salud o educación. Con ese mensaje apuntó a responder a cuestionamientos lanzados por la oposición y por movimientos sociales, que lo acusan de preparar un giro de corte neoliberal.
Con los bloqueos aún activos, la falta de un canal de negociación efectivo y la incertidumbre sobre la duración del conflicto, Bolivia atraviesa un momento delicado. El equilibrio entre el respeto a la protesta social, la vigencia de la Constitución y la necesidad de garantizar el suministro de bienes esenciales aparece como uno de los principales desafíos inmediatos para el gobierno de Paz.
