Trabajadores marítimos alertan por impacto laboral de las nuevas normas
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El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo manifestó su profunda preocupación por el esquema de cuotificación del langostino que impulsa el Gobierno nacional y reclamó ser parte de la mesa de discusión. Desde la entidad, que conduce el capitán Mariano Moreno, advirtieron que la nueva regulación podría tener «graves consecuencias» para las pymes de la flota fresquera y para miles de puestos de trabajo ligados a la pesca artesanal.
En un comunicado difundido en Buenos Aires, la organización sindical recordó que la actividad pesquera en la Argentina mantiene un fuerte componente artesanal y que la sustentabilidad del recurso depende, día a día, de las decisiones que toman los trabajadores en el mar. Por eso, reclamaron que los gremios sean incluidos en el diseño de los criterios de administración del langostino para «garantizar el empleo y la sustentabilidad» del sector.
El planteo se da en un contexto de cambios normativos constantes. Los patrones recordaron que, a comienzos de 2024, la presión de sindicatos, gobernadores patagónicos, autoridades locales de Mar del Plata y empresarios permitió frenar un capítulo de la reforma que intentaba liberar la Zona Económica Exclusiva y flexibilizar la descarga en puertos argentinos. Luego, a través del DNU 340/23, se habilitó el ingreso de buques extranjeros para transporte y pesca entre puertos nacionales, con permisos renovables y reglas laborales más flexibles.
Alerta por empleo, pymes y concentración del negocio
Según el capitán Mariano Moreno, la cuotificación del langostino, tal como está planteada, podría derivar en menos días de navegación para la flota fresquera y en una mayor concentración de la captura en manos de barcos congeladores de alta tecnología. Esto, advirtió, pondría en riesgo tanto el empleo a bordo como la actividad de las plantas de procesamiento en tierra.
El dirigente señaló que el segmento más vulnerable está compuesto por más de 100 embarcaciones fresqueras menores, en su mayoría pertenecientes a pymes familiares, que hoy logran capturas aceptables bajo el actual esquema. Con un sistema de cuotas mal diseñado, esas empresas podrían perder hasta el 50% de sus capturas, lo que aceleraría cierres y despidos en la pesca artesanal.
«Sabemos que el salario está directamente atado a la producción. Una cuota reducida para una pyme es, en los hechos, una rebaja salarial para el capitán y su tripulación», remarcó Moreno, al insistir en que las organizaciones de trabajadores deben integrar el debate para evitar un modelo que expulse mano de obra nacional del mar.
Riesgos de descarte y vacíos en el control estatal
Otro de los puntos críticos señalados por el Centro de Patrones es el posible aumento de prácticas de descarte y high-grading, es decir, la selección de solo los ejemplares de mayor tamaño y valor comercial. Aunque el INIDEP asegura haber establecido una Captura Biológicamente Aceptable (CBA) anual y el Gobierno sostiene que la cuotificación protege el recurso, la experiencia internacional en pesquerías de alto valor muestra que, sin controles estrictos, el sistema puede empujar a desechar pescado en el mar.
En este escenario, la presión económica sobre los capitanes sería fuerte: con una cuota limitada, se priorizarían los tamaños grandes de langostino (L1 y L2), mejor cotizados, mientras que las piezas más chicas podrían ser descartadas por decisión empresaria. Para que ello no ocurra, los trabajadores reclaman un esquema robusto de fiscalización que incluya observadores a bordo, cámaras y controles efectivos en puerto.
Reclamo por participación sindical en la definición de las normas
Desde el Centro de Patrones apuntaron a la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, a la que le atribuyen falta de capacidad para garantizar controles homogéneos en toda la flota. Sostienen que, sin un Estado presente y sin la voz de quienes trabajan en el mar, la cuotificación corre el riesgo de convertirse en una herramienta de concentración económica y no en una política de sustentabilidad.
- Incorporación de los sindicatos en la discusión sobre la distribución de cuotas.
- Protección específica para pymes fresqueras y flota artesanal.
- Garantías de control y fiscalización efectivos sobre la captura y el descarte.
- Respeto por los derechos laborales del personal embarcado en la nueva legislación.
«Las reglas de juego deben definirse escuchando a los trabajadores, que son la fuerza que sostiene a esta industria», subrayó el capitán Mariano Moreno.
Mientras avanza el debate sobre la modernización laboral y el nuevo esquema de cuotificación, los trabajadores marítimos buscan que sus advertencias sean tomadas en cuenta. Su objetivo es evitar que una política pensada para ordenar la pesquería del langostino termine golpeando a la flota fresquera nacional, debilitando las economías regionales y erosionando el entramado de pymes que sostiene buena parte del empleo en la costa atlántica.
