Aunque aún no fue homologado el procedimiento abreviado pedido por algunos de los acusados de integrar la asociación ilícita desbaratada en 2023, se conoció que la fecha probable de juicio para el resto sería el 7 de octubre próximo. Cinco expolicías (entre ellos Lucas Artioli, presunto jefe de la banda) y tres civiles, habían sido imputados por distinta participación en la presunta organización delicitiva.
De la redacción de EL NORTE
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Tiene nueva fecha el juicio que, por diferentes delitos, involucra a policías y civiles. En principios el debate contra algunos de los imputados se concretaría el próximo 7 de octubre en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1. La causa se había iniciado en 2023 y alcanzó ribetes escandalosos tras revelar una trama de presunta corrupción policial.
El juicio ya tenía fecha prevista para el pasado lunes 11 de mayo y se suspendió ante la presentación de acuerdos en procura de obtener un juicio de abreviado por parte de la mayoría de los acusados. En su lugar comenzó ese mismo día la audiencia para el tratamiento de la salida alternativa solicitada. La medida se extendió a dos jornadas. Conforme a la información recibida de fuentes judiciales ese acuerdo aún no fue homologado por la jueza María Belén Ocariz.
La fecha tentativa para el juicio oral publico suspendido respecto de tres de los imputados que prefirieron esperar el debate confiados en poder probar su inocencia, sería en principios el 7 de octubre.
La solicitud de la medida alternativa suspendió el debate oral contra los ocho acusados cuya realización estaba prevista para esa fecha. La mayoría de los integrantes de la presunta asociación ilícita mixta conformada por policías y civiles, entre ellos el ex policía Lucas Artioli, acusado de liderar la banda, propusieron a través de sus abogados esta salida alternativa prevista por la ley que consiste en reconocer cargos a cambio de una reducción de la pena.
Los contenidos del acuerdo propuesto, del reconocimiento de cargos, penas, medidas restrictivas a cumplir y sus identidades no serán dados a conocer hasta tanto la justicia decida sobre la homologación de los convenios presentados.
La causa fue iniciada por la UFI N° 14 a cargo del fiscal Patricio Múgica Díaz en setiembre de 2023 en el marco de dos investigaciones diferentes que involucraban a grupos de policías y que culminaron en 25 allanamientos en simultáneo. En esos operativos por un lado la UFI N°1 acusaba a tres agentes por comercialización de drogas y por el otro Múgica Díaz investigaba una posible asociación ilícita dedicada a cometer delitos contra la propiedad y la administración pública. Esta última causa mantiene imputados a cinco policías y tres civiles a quienes se los acusa de integrar una banda delictiva. En el avance de la investigación también fueron vinculadas posteriormente otras seis personas.
Los imputados
El caso se habría iniciado a partir de una investigación que comenzó en julio del 2022 luego del robo a una vivienda en la ciudad de Ramallo. En aquel entonces, si bien los ladrones consiguieron escapar, los investigadores encontraron el teléfono celular de uno de los sospechosos que había participado en ese asalto y fue de allí de donde extrajeron información sobre “una banda criminal integrada por policías y civiles”.
Ante esta evidencia, el fiscal dispuso una serie de medidas y determinó que la organización criminal estaba integrada por cinco efectivos policiales y tres civiles.
Entre las personas detenidas en ese momento por Asociación ilícita se encuentran los agentes Lucas Rubén Artioli acusado de ser el líder de la banda, Matías Godoy, Claudio Báez, Juan Reynoso y Walter Espinoza. En cuanto a los civiles serían de apellidos Gómez, Ponce y Albornos. Otras seis personas (de apellidos Almendra, Apaza, Ayala, Giles, Kruger y dos de apellido Méndez) fueron vinculadas y permanecían sujetas a la investigación. Los acusaban de diferentes delitos por Hurto, Robo agravado en poblado y en banda, Privación ilegal de la libertad y contra la administración pública ya que habrían efectuado custodias sin la debida registración, sin dar aviso a los superiores y habrían manejado de manera discrecional las horas adicionales (Core) trabajadas, a cambio de retornos de dinero.
La situación procesal de cada uno es diferente y distinta la responsabilidad. En el caso del ex Teniente Primero Lucas Rubén Artioli quien se encuentra en arresto domiciliario y optó por el juicio abreviado, está señalado como presunto jefe de la asociación ilícita.
En ese momento trascendió también que un comisario se suicidó cuando la Justicia ordenó un allanamiento en su vivienda. De acuerdo a la información, antes de permitir el ingreso de los investigadores de la Policía Federal, grabó un video en el que asumió estar relacionado “con la causa del teniente primero Artioli”. La sospecha es que parte de la banda en cuestión había cometido “al menos seis robos y hurtos en la zona de Ramallo, Arrecifes y San Nicolás”.
