Tras poco más de dos horas de audiencia con el juez de Garantías, los dirigentes de Camioneros regresaron a su lugar de detención en la DDI. A las 12 del miércoles próximo, el nuevo juez de la causa se expedirá sobre el pedido de prisión preventiva que recae sobre Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, elevado por la fiscal Viviani en el marco de la causa que se les sigue por presunta extorsión a propietarios de la empresa Rey. La defensa volvió a pedir la libertad de sus imputados.
De la redacción de EL NORTE
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La causa en la que se investiga una presunta extorsión de los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola a la distribuidora Rey sufrió –el jueves– un cimbronazo con el apartamiento por licencia médica de la titular del Juzgado de Garantías Nº 3, María Eugenia Maiztegui. Ahora, el juez Román Parodi deberá resolver el pedido de prisión preventiva elevado por la fiscal María del Valle Viviani.
Los dirigentes del Sindicato de Camioneros, detenidos en sede de la DDI local desde el 8 de abril pasado, fueron trasladados ayer hasta el Juzgado de Garantías Nº 1. Allí fueron recibidos por el juez Parodi, reemplazante de Maiztegui, quien notificó a los investigados sobre los hechos que se les imputan. Y escuchó los argumentos de la defensa.
La audiencia se extendió por poco más de dos horas, tras lo cual comenzó a regir el plazo de cinco días (corridos) para que el juez de Garantías resuelva si hace lugar o no al pedido de prisión preventiva. Así, al mediodía del próximo miércoles, Parodi comunicará su decisión.
Tras la audiencia, Cabaleyro y Espíndola regresaron a la sede de la DDI. Ahora, Parodi deberá estudiar la causa y valorar las pruebas incorporadas al expediente. Se esperaba que Maiztegui se expidiera ayer mismo sobre el pedido de preventiva que recae sobre los imputados. Su repentino apartamiento por licencia médica (pico de estrés producido, según fuentes vinculadas a la causa, por las presiones recibidas) modificó los tiempos procesales previstos. Todo indicaba que Maiztegui iba a ordenar la prisión preventiva de los investigados, avalando el argumento de la fiscal Viviani en tanto podrían entorpecer el curso de la investigación.
Parece difícil que el juez Parodi opine distinto, aunque para conocer su decisión habrá que esperar hasta la próxima semana.
La defensa
En la audiencia con Parodi, Cabaleyro y Espíndola estuvieron acompañados por sus abogados Mauricio Gugger y Javier Moral. “Hace 35 días que están detenidos injustamente”, se quejó el Dr. Moral ante este diario. “La Dra. Maiztegui pidió licencia tras una presentación efectuada por Pablo y Hugo Moyano en la Bicameral, en la que denunciamos que hay pruebas que habían sido ocultadas a la defensa. Me refiero a escuchas telefónicas al Dr. Gugger, a quien le pincharon el teléfono y le transcribieron conversaciones que rompen la confidencialidad cliente-abogado. Esto es arbitrario”, agregó Moral. “Sabemos que para los sindicalistas no rige el principio de inocencia, sino más bien el de culpabilidad. Es decir que tienen que salir a demostrar su inocencia en lugar de que les tengan que probar su culpabilidad”, afirmó el defensor de Cabaleyro.
Para los abogados de la defensa no existe ningún tipo de riesgo procesal que justifique el pedido de preventiva. En ese sentido, condenaron las actuaciones de la fiscal Viviani. “Con las escuchas al Dr. Gugger se ha violado la garantía del debido proceso. Pero, además, se investiga lo que se quiere y lo que no se quiere no se investiga. Ejemplo: hay un infidente que, entendemos, correspondería a los servicios de inteligencia. Y que le vende información al denunciante. Pero el denunciante no lo presenta, es decir, no está foliado en el expediente. Eso nos parece un escándalo”, apuntó Moral. Sobre ese punto, Gugger aseguró que “al no tener toda la información no podemos ejercer el derecho a la defensa”.
El lunes la defensa de los dirigentes de Camioneros había solicitado la recusación de Viviani y Maiztegui, que investigan y tratan de probar la existencia del delito denunciado.