Un día de paro con fuerte impacto en la economía

NewsITe
El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este 19 de febrero no solo vació las calles y frenó el transporte público en gran parte del país: también dejó una huella profunda en la economía argentina. Un informe preliminar del Instituto de Economía de la UADE (INECO) estima que la jornada de protesta provocó pérdidas por $696.268 millones, equivalentes a unos 489 millones de dólares.
Esa cifra representa cerca del 0,8% del PBI estimado para todo el mes de febrero y el 17,3% de lo que la economía hubiera generado en un día normal de actividad. La magnitud del impacto vuelve a poner en debate el costo económico de las medidas de fuerza de alcance nacional, en un contexto de alta inflación, caída del consumo y ajuste fiscal.
El estudio subraya que la paralización casi total del transporte público —colectivos, trenes y subtes— fue el principal factor que amplificó las pérdidas. De haberse mantenido el servicio, el golpe económico se hubiera reducido de manera significativa, a unos 180 millones de dólares, de acuerdo con las proyecciones de la UADE.
Servicios y producción: quiénes perdieron más
El relevamiento detalla que el impacto no fue homogéneo entre los distintos sectores de la economía. Los rubros vinculados a los servicios fueron los más perjudicados, seguidos por los productores de bienes, lo que refleja el peso creciente del sector terciario en la estructura productiva del país.
- Sectores productores de servicios – Registraron un subtotal de pérdidas de $360.356 millones. Dentro de este grupo, enseñanza, servicios sociales y salud encabezaron el listado, con una caída estimada en $110.759 millones, seguidos por el comercio mayorista y minorista, con $50.190 millones.
- Administración pública – El funcionamiento reducido de oficinas estatales se tradujo en un impacto de $43.906 millones, mientras que hoteles y restaurantes perdieron alrededor de $29.671 millones, en un contexto ya golpeado por la retracción del turismo y el consumo interno.
- Sectores productores de bienes – En este bloque, las industrias manufactureras fueron las más afectadas, con un costo de $139.105 millones. La construcción sumó un perjuicio adicional de $67.901 millones y la explotación de minas y canteras, $11.963 millones.
En conjunto, la jornada de paro implicó frenos en cadenas de producción, interrupción de servicios esenciales y caída de ventas en comercios de cercanía, supermercados y actividades ligadas al esparcimiento.
Recaudación en baja y bolsillo en tensión
El Estado nacional también sintió el impacto. Según el informe, en un solo día se dejaron de recaudar $16.063 millones en concepto de impuestos netos de subsidios. Se trata de recursos que podrían haberse destinado a la asistencia social o a cubrir parte de los gastos corrientes del sector público.
Para dimensionar el costo fiscal, los especialistas señalan que ese monto habría alcanzado para financiar unas 124.426 Asignaciones Universales por Hijo (AUH), cuyo valor se ubica en torno a los $129.096, o bien para pagar 37.420 jubilaciones mínimas, fijadas en $429.254,35. La comparación pone en evidencia la tensión entre la protesta sindical y las necesidades de financiamiento del Estado.
“La pérdida de recaudación en una sola jornada de paro equivale al presupuesto diario necesario para cubrir prestaciones sociales masivas”, advierten desde el instituto de la UADE.
El informe también cruza el costo del paro con el nivel de gasto de los hogares. De acuerdo con el Centro de Educación Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC), una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires necesita alrededor de $93.978,47 por día para afrontar alimentos y servicios básicos. Bajo esa referencia, los $696.268 millones que se esfumaron en esta jornada de huelga equivalen al presupuesto diario de unas 7,4 millones de familias.
En un escenario de caída del poder adquisitivo, salarios rezagados y tarifas en alza, el paro general reaviva la discusión sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y el costo económico y social que implica detener, aunque sea por 24 horas, gran parte de la maquinaria productiva del país.

