La medida de fuerza tuvo una adhesión superior al 80%, según los gremios. El reclamo apunta a exigir mayores condiciones de seguridad para docentes y auxiliares luego del episodio ocurrido en el Jardín de Infantes N.º 915 de Las Tunas, Tigre.
La comunidad educativa de Tigre atraviesa horas de preocupación tras la agresión sufrida por una preceptora y dos inspectoras en el Jardín de Infantes N.º 915, ubicado en la localidad de Las Tunas. En respuesta al hecho, docentes y auxiliares realizaron un paro de 24 horas convocado por SUTEBA Tigre y ATE.
Según estimaciones gremiales, la medida registró una adhesión superior al 80% y tuvo como principal objetivo visibilizar la situación que enfrentan los trabajadores de la educación ante episodios de violencia dentro de los establecimientos escolares.
El caso, que continúa bajo investigación, volvió a instalar el debate sobre las condiciones de seguridad en escuelas y jardines, así como la necesidad de contar con herramientas concretas para prevenir y abordar situaciones de conflicto.
Un reclamo que va más allá de un hecho puntual
Desde los sindicatos sostienen que lo ocurrido en el Jardín N.º 915 no constituye un episodio aislado. Por el contrario, afirman que forma parte de una problemática que se repite en distintos establecimientos educativos y que genera preocupación entre docentes, auxiliares y equipos directivos.
La agresión motivó la suspensión de actividades y derivó en un reclamo más amplio por mayores medidas de protección y respaldo institucional para quienes desarrollan tareas dentro de las escuelas.
Los gremios también cuestionan la falta de respuestas eficaces frente a este tipo de situaciones y reclaman una intervención más activa por parte de las autoridades competentes.
El pedido de protocolos y acompañamiento
Entre los principales planteos aparece la necesidad de implementar protocolos específicos para actuar frente a hechos de violencia escolar y garantizar respuestas rápidas cuando se producen situaciones de riesgo.
Las organizaciones sindicales sostienen que muchos trabajadores de la educación deben afrontar conflictos complejos sin contar con recursos suficientes ni mecanismos efectivos de contención.
En ese sentido, reclaman capacitación permanente para docentes y auxiliares, fortalecimiento de los equipos de orientación escolar y una mayor articulación con organismos vinculados a niñez, salud, seguridad y desarrollo social.
También solicitan que se refuercen los dispositivos de acompañamiento institucional para evitar que los equipos educativos queden expuestos ante situaciones de violencia.
Preocupación en la comunidad educativa
El episodio generó inquietud entre trabajadores y familias del distrito. La situación adquiere especial relevancia en un municipio que habitualmente destaca las inversiones realizadas en materia de seguridad, monitoreo y prevención.
Sin embargo, lo ocurrido en el Jardín N.º 915 puso nuevamente en discusión las herramientas disponibles para garantizar condiciones seguras dentro de los establecimientos educativos.
“Trabajar en un jardín de infantes no puede convertirse en una situación de riesgo permanente. Necesitamos condiciones seguras para educar y cuidar a las infancias”, expresaron referentes gremiales del distrito.
Mientras se aguardan definiciones sobre posibles medidas de resguardo y acciones concretas por parte de las autoridades, docentes, auxiliares y familias coinciden en un punto: la violencia dentro de las escuelas no debe naturalizarse y exige respuestas que permitan garantizar espacios seguros para enseñar, trabajar y aprender.
