El paro docente reaviva la tensión entre el Gobierno y CTERA
NewsITe
El paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) volvió a exponer la grieta entre el Gobierno nacional y el principal sindicato docente del país. Mientras en la Casa Rosada hablan de un acatamiento dispar y lejos de ser contundente, la conducción gremial sostiene que la adhesión fue “altísima” y que la jornada dejó una fuerte señal de malestar en las aulas y en las calles.
Fuentes oficiales del Ministerio de Capital Humano indicaron que todavía se están procesando los datos recabados por las agencias territoriales en cada provincia, por lo que no hay un informe definitivo sobre el alcance de la medida. Sin embargo, con la información preliminar, en el Gobierno aseguran que el paro no tuvo el impacto masivo que esperaba CTERA y remarcan marcadas diferencias entre jurisdicciones.
De acuerdo con esos relevamientos iniciales, la adhesión habría sido significativa en provincias como Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego, donde las autoridades locales mantienen una relación más cercana con los reclamos gremiales. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires y en distritos como Chaco, el acatamiento habría sido prácticamente nulo, según la lectura oficial.
Cruce político por el rol de las provincias
En los pasillos de la Casa Rosada también se le atribuye un rol central al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien señalan por haber incentivado la participación de docentes en la medida de fuerza mediante comunicaciones internas. Ese señalamiento suma un condimento político al conflicto, en un contexto de fuerte tensión entre la administración nacional y varios mandatarios provinciales por el financiamiento del sistema educativo.
El Gobierno libertario, amparado en la reciente ley de Modernización Laboral que declaró a la educación servicio esencial y fijó la obligación de garantizar al menos el 75% de las actividades, analiza ahora posibles sanciones. Entre las alternativas que se evalúan figuran multas económicas al gremio y, en un escenario más extremo, la quita de la personería gremial a CTERA, una decisión que escalaría el conflicto a un nuevo nivel institucional.
La versión de CTERA: paro masivo y reclamos estructurales
Desde CTERA difundieron un comunicado en el que calificaron de “altísimo” el acatamiento en todo el país y destacaron la masiva participación en acciones y movilizaciones en cada provincia. La jornada tuvo como uno de sus puntos centrales una multitudinaria concentración frente al Ministerio de Economía de la Nación, junto a sindicatos universitarios como CONADU, CONADU Histórica y ATE.
La delegación docente estuvo encabezada por la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, y el secretario adjunto, Roberto Baradel, acompañados por integrantes de la Junta Ejecutiva Nacional y representantes de entidades de base de todo el país. También participó el diputado nacional y secretario general de la CTA de las y los Trabajadores, Hugo Yasky, lo que reforzó el perfil político y gremial de la protesta.
- Reapertura urgente de la paritaria nacional docente.
- Aumento salarial para recomponer el poder adquisitivo.
- Restitución y pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
- Envió de fondos nacionales adeudados a las provincias.
- Nueva Ley de Financiamiento Educativo.
- Defensa de los regímenes jubilatorios docentes.
- Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.
- Críticas a las políticas que, según el gremio, desfinancian la escuela pública.
“La contundencia del paro y la participación en las calles ratifican el profundo malestar que atraviesa la docencia argentina frente al ajuste sobre la educación pública y la falta de respuestas del Gobierno Nacional”, expresaron desde CTERA.
El conflicto se inscribe en una disputa de fondo por el modelo de financiamiento y la orientación de la política educativa. Mientras el Gobierno insiste en limitar el peso del Estado nacional y trasladar mayores responsabilidades a las provincias, los gremios reclaman que se respeten los acuerdos salariales federales y se garantice el derecho social a la educación. En los próximos días, el nivel de acatamiento que surja de los informes oficiales y la decisión sobre eventuales sanciones al sindicato serán claves para definir si el conflicto se encamina hacia una negociación o hacia una nueva escalada.
