Denuncia penal por el accionar de Seguridad en las protestas
NewsITe
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y contra el comisario mayor Gustavo Antonio Gauna, señalado como el policía de civil que fue registrado apuntando con un arma a manifestantes en las inmediaciones del Congreso durante el debate por la Ley de Tierras.
La presentación tuvo lugar este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini. Según trascendió en ámbitos judiciales, la causa se originó a partir de las imágenes que circularon en redes sociales y medios de comunicación, donde se ve a un hombre de civil empuñando un arma larga en medio de las protestas.
De acuerdo con la denuncia, Pagano acusa a Monteoliva y a Gauna por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, abuso de armas y eventuales lesiones, en caso de comprobarse que hubo heridos vinculados al accionar policial. La legisladora considera que el operativo de seguridad desplegado alrededor del Parlamento habría excedido los protocolos habituales para el control de manifestaciones públicas.
En particular, la diputada apunta a la presunta participación de Gauna como el oficial de civil que, según las imágenes difundidas, se encontraba armado y sin identificación visible entre los manifestantes. Para Pagano, ese comportamiento configura un episodio de extrema gravedad institucional y abre interrogantes sobre el tipo de tareas que cumplía el efectivo durante la protesta.
Gravedad institucional y cuestionamientos al operativo
En su presentación, la legisladora sostiene que las fuerzas de seguridad “habrían actuado como provocadoras e incitadoras de los enfrentamientos y desmanes posteriores”, cargando responsabilidad sobre la conducción política del Ministerio de Seguridad y sobre la cadena de mandos policial.
Pagano plantea que la presencia de un policía de civil armado en una movilización ciudadana “carecería prima facie de toda justificación funcional” y habilitaría la sospecha de eventuales tareas de observación, infiltración o recolección de información sobre manifestantes en razón de sus opiniones políticas, un accionar prohibido por la normativa vigente sobre inteligencia interior.
- La denuncia recayó en el juzgado de María Servini, que deberá definir las primeras medidas de prueba.
- Se investigará la cadena de responsabilidades políticas y operativas del operativo en el Congreso.
- El caso reaviva el debate sobre el uso de fuerzas de seguridad en protestas y el respeto al derecho a la manifestación.
“Los hechos revisten inusitada gravedad institucional”, advirtió Pagano al sostener que el episodio pone en cuestión los límites legales del accionar de las fuerzas de seguridad en contextos de protesta social.
A partir de ahora, la jueza Servini y la fiscalía interviniente deberán evaluar la denuncia, determinar si se identifica de manera fehaciente al efectivo señalado y analizar los protocolos de actuación aplicados el día de la protesta. El expediente se inscribe en una discusión más amplia sobre el equilibrio entre el mantenimiento del orden público y la protección de los derechos ciudadanos en tiempos de alta conflictividad social y política.
