La Justicia le rechaza a Tapia un nuevo pedido para salir del país

NewsITe
La Justicia en lo Penal Económico volvió a cerrar la puerta a las aspiraciones internacionales del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El magistrado Diego Amarante desestimó un pedido para extender la autorización de viaje al exterior, lo que le hubiera permitido al dirigente asistir a un evento oficial en Venezuela.
Tapia pretendía viajar desde Río de Janeiro hacia Barquisimeto, Venezuela, entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, para participar del acto de inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol. Si bien el juez había habilitado previamente desplazamientos a Colombia y Brasil, decidió poner un freno a la nueva solicitud de salida del país.
El rechazo se da en el marco de la causa en la que Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, están imputados por presunto lavado de dinero, desvío de fondos y retención indebida de aportes por un monto que supera los 19.353 millones de pesos. Ambos dirigentes habían sido citados a declaración indagatoria para el 5 de marzo, aunque sus defensas pidieron la nulidad de esa convocatoria.
Los abogados de Tapia, Norberto Frontini y Lucio Simonetti, sostienen que la causa no debería avanzar en sede penal porque, según su planteo, diversas resoluciones del Ministerio de Economía —entre ellas la 17/2024 y sus prórrogas— suspendieron las ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles. Con ese argumento, buscan reforzar la inexistencia de delito y reclamar el sobreseimiento de sus representados.
No obstante, tanto la fiscalía como la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se opusieron a la interpretación de la defensa. El juez Amarante coincidió con esa postura y sostuvo que la suspensión de ejecuciones fiscales no borra la obligación tributaria ni habilita a omitir el pago de aportes, por lo que la investigación penal puede continuar.
Cruce con la IGJ y dudas sobre el control institucional de la AFA
En paralelo al frente judicial, Tapia enfrenta un conflicto institucional con la Inspección General de Justicia (IGJ). El organismo respondió los cuestionamientos públicos de la AFA y dejó en claro que la entidad madre del fútbol argentino sigue bajo su órbita de control, pese al traslado de su sede administrativa al partido bonaerense de Pilar.
El titular de la IGJ, Daniel Vítolo, calificó como “patético” el comunicado emitido por la AFA y defendió la designación de veedores encargados de revisar documentación contable, financiera y contractual. Según explicó, la AFA nunca canceló su inscripción ante la IGJ, un requisito central para modificar el ámbito de supervisión y pasar a depender de otro organismo.
- La IGJ sostiene que el cambio de domicilio de la AFA no cumplió los pasos legales.
- Denuncia presuntas irregularidades administrativas y pide acceder a documentación clave.
- Remarca que la veeduría no implica intervención, sino fiscalización puntual.
Vítolo también señaló que se detectaron inconsistencias en la información presentada por la AFA, motivo por el cual se consideró necesaria una veeduría específica. Desde el organismo aseguran que el objetivo es garantizar transparencia en el manejo de los recursos y en la toma de decisiones en una institución que cumple un rol central en el deporte argentino.
“La veeduría no es una intervención, sino una herramienta legal para acceder a información ante posibles irregularidades”, remarcan desde la IGJ, en medio de la escalada del conflicto con la conducción de la AFA.
Así, Tapia suma un nuevo revés judicial en un escenario cada vez más complejo: con restricciones para salir del país, bajo investigación penal por millonarios aportes retenidos y con la AFA en la mira de los organismos de control, el futuro institucional del dirigente aparece condicionado por la evolución de las causas en su contra.

