El presidente nicaragüense aseguró que no volverán a realizarse comicios generales para disputar el Gobierno. La decisión profundiza el cierre del sistema democrático y generó nuevas críticas de dirigentes opositores y organismos internacionales.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que el país dejará de celebrar elecciones generales, una definición que consolida el proceso de concentración de poder impulsado por el oficialismo en los últimos años. El mandatario realizó la declaración durante el acto por el 47° aniversario de la Revolución Sandinista, al afirmar que no permitirá procesos electorales que puedan poner en riesgo la continuidad del Gobierno.
“Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, sostuvo Ortega durante el discurso pronunciado en Managua, una afirmación que fue interpretada por analistas y dirigentes opositores como el cierre definitivo de cualquier posibilidad de alternancia democrática.
El anuncio llega cuando Nicaragua se preparaba para un nuevo calendario electoral previsto originalmente para noviembre de 2027. Sin embargo, el mandatario no explicó qué mecanismo legal utilizará para eliminar formalmente los comicios, aunque anticipó que impulsará nuevas leyes junto con la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, para impedir que la oposición pueda competir por el poder. Según informó la Prensa del Vaticano, la medida representa un nuevo paso dentro del proceso de reformas institucionales promovido por Ortega desde el año pasado.
El dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, uno de los precandidatos presidenciales detenidos antes de las elecciones de 2021 y posteriormente expulsado del país junto a otros presos políticos, afirmó desde el exilio que el mandatario “se quitó una máscara más” al reconocer públicamente que no volverá a convocar elecciones generales.
Un proceso de concentración del poder que comenzó años atrás
Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua de manera ininterrumpida desde 2007, aunque ya había ocupado la Presidencia durante la década de 1980 tras el triunfo de la Revolución Sandinista. En los últimos años fue acusado por organismos internacionales de restringir libertades civiles, perseguir a opositores y debilitar las instituciones democráticas.
Uno de los pasos más importantes en ese proceso ocurrió con la reforma constitucional impulsada en 2025, mediante la cual su esposa, Rosario Murillo, dejó de ser vicepresidenta para convertirse en copresidenta del país. Además, la modificación extendió el mandato presidencial de cinco a seis años, reforzando aún más el esquema de poder compartido por el matrimonio gobernante.
Las últimas elecciones generales, celebradas en 2021, fueron ampliamente cuestionadas luego de que el Gobierno detuviera a varios precandidatos presidenciales, empresarios y referentes opositores antes de los comicios. Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron entonces que la votación se desarrolló sin garantías democráticas.
Chamorro consideró que Ortega siempre buscó establecer un sistema de partido único similar al de China, Cuba o Corea del Norte. A su entender, la decisión anunciada ahora confirma una estrategia sostenida durante años para impedir cualquier competencia política real.
Denuncian persecución política y cierre del espacio cívico
El anuncio presidencial se produce en un contexto marcado por fuertes denuncias sobre el deterioro de los derechos y las libertades públicas en Nicaragua.
De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos, una organización integrada por exiliados que documenta las detenciones por motivos políticos, actualmente permanecen encarceladas al menos 46 personas por razones vinculadas a su actividad política.
Desde las protestas sociales iniciadas en abril de 2018, el Gobierno también avanzó sobre organizaciones de la sociedad civil. En ese período fueron clausuradas más de 5.000 entidades, muchas de ellas religiosas, mientras miles de ciudadanos abandonaron el país por temor a represalias.
A comienzos de julio, además, el Ejecutivo revocó las licencias profesionales de numerosos abogados, una decisión que expertos de Naciones Unidas calificaron como una purga dentro del sistema judicial. Según publicó El Espectador, estas medidas forman parte de un proceso de creciente control estatal sobre las instituciones y los sectores considerados críticos del oficialismo.
Con este nuevo anuncio, el Gobierno de Ortega profundiza un escenario que la oposición y distintos organismos internacionales consideran de cierre casi absoluto del sistema democrático nicaragüense, mientras crecen las dudas sobre el futuro político del país y las posibilidades de participación de fuerzas no oficialistas.
