El movimiento Justicia Legítima, un grupo integrado por magistrados, jueces y empleados judiciales expresó en un comunicado la “solidaridad con el Pueblo hermano Mapuche” y el repudio al operativo contra la comunidad Lafken Winkul en Río Negro.
Organizaciones sociales y políticas rechazaron ayer la detención dispuesta por la justicia de siete mujeres de la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu durante un “violento” desalojo de predios ocupados en Villa Mascardi y repudiaron el traslado de cuatro de ellas al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, una decisión que las abogadas defensoras consideraron una “pena adicional” y cuestionaron por “falta de perspectiva de género”.
Justicia Legítima, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el colectivo Actrices Argentinas, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Frente Patria Grande fueron algunas de las organizaciones que se pronunciaron sobre el tema.
“El hecho del que se las acusa es en la Patagonia. La jueza que ordenó su detención es de allá. No entendemos este destrato hacia estas cuatro mujeres”, indicó el abogado y director de Litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales.
Para el referente del CELS se trató de una “medida extremadamente violenta” y que está basada “en su calidad de mujeres y en su identidad cultural, ser mapuche”.
“No conocen los cargos que se les acusan y no han podido tener contacto con los abogados”, subrayó Morales.
´No diálogo y criminalización´
“Expresamos nuestra solidaridad con el Pueblo hermano Mapuche y repudiamos la represión desatada contra la comunidad Lafken Winkul en Lago Mascardi, Río Negro”, expresó a través de un comunicado el movimiento Justicia Legítima, un grupo integrado por magistrados, jueces y empleados judiciales.
En esa línea, la organización indicó que la “dilatada conflictividad” en esa zona “requeriría del Estado Nacional y el Provincial” para buscar “acuerdos razonables y ajustados a derecho” y no “la represión y el desalojo” durante el operativo realizado el martes pasado en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche.
“Estas políticas de no diálogo con las autoridades comunitarias y su criminalización deben cambiar. Llamamos a la reflexión a las autoridades nacionales y provinciales para que convoquen al diálogo y cesen toda violencia institucional en nuestra Patagonia”, sugirió Justicia Legítima.
Falta de perspectiva de género
Según informaron fuerzas federales, cuatro de las siete mujeres detenidas fueron trasladadas en las últimas horas del miércoles al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, por orden de la jueza federal Silvina Domínguez, que argumentó que en Río Negro no existe ningún establecimiento federal de detención de mujeres.
Por su lado, los abogados de las detenidas cuestionaron esa decisión por tener “falta de perspectiva de género” y la consideraron una “pena adicional” que implica “llevarlas a 1.600 kilómetros de distancia de su grupo familiar.
En esa sintonía, el instituto de políticas sobre delitos, seguridad y violencias En Foco también repudió “la detención y maltrato a mujeres, niñas y niños detenidos, y el traslado a la cárcel de Ezeiza de las mujeres detenidas”. “Vemos con preocupación el accionar judicial que decretó el secreto de sumario impidiendo el derecho a la defensa y, con ello, el acceso a la información sobre el estado de salud de las detenidas”, detalló la organización a través de un comunicado.
Según el instituto, las “tensiones” en la zona de Villa Mascardi “se agravaron” desde el asesinato en 2017 de Rafael Nahuel, un joven mapuche que murió tras un disparo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina durante un operativo en esa zona.
Asimismo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) también repudió las detenciones y traslados, los que consideró “un despojo de sus territorios y vulneración a los derechos de las comunidades”. “En un contexto de fogoneo de grupos de derecha que se manifiestan con expresiones racistas y de odio, la única respuesta del gobierno nacional no puede ser un accionar represivo de las fuerzas de seguridad”, expresó la organización en sus redes sociales.
Numerosas organizaciones se expresaron como Frente Patria Grande y el colectivo Actrices Argentinas.