La Justicia de San Luis embargó parte de la dieta del presidente provisional del Senado
NewsITe
La Justicia de San Luis ordenó al Senado de la Nación retener parte del salario del senador nacional por La Libertad Avanza y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, para saldar una abultada deuda impositiva en esa provincia. El monto reclamado asciende a unos 45 millones de pesos y se vincula con el no pago del impuesto inmobiliario y otras tasas provinciales.
La medida fue dispuesta por el juez de Ejecuciones Fiscales Alberto Spagnuolo, quien libró un oficio al Senado que ingresó por mesa de entradas el último viernes. A partir de esa notificación, la Cámara alta queda obligada a efectuar un embargo ejecutivo sobre los haberes del legislador, cuya dieta se ubica actualmente en torno a los 11 millones de pesos mensuales, hasta cubrir el total adeudado.
El fallo se enmarca en los mecanismos habituales de ejecución fiscal previstos por la normativa provincial para los contribuyentes morosos. En este caso, la orden se dirige al empleador del senador —el Senado de la Nación— para que actúe como agente de retención y garantice el cobro progresivo de la deuda a través de descuentos mensuales sobre el sueldo de Abdala.
Cruce político entre Abdala y el gobierno puntano
Tras conocerse la resolución judicial, Abdala atribuyó el embargo a una supuesta maniobra de hostigamiento por parte del gobierno de San Luis. “Es una persecución política del gobernador Claudio Poggi”, planteó el dirigente libertario, al vincular la decisión de la Justicia provincial con sus aspiraciones de competir por la gobernación en las próximas elecciones.
El senador sostuvo que la actual administración provincial recurre a métodos similares a los de la gestión de los Rodríguez Saá y denunció un aumento desmedido de la presión impositiva en la provincia. De acuerdo con su última declaración jurada, Abdala declara bienes por unos 197 millones de pesos, dato que alimenta el debate en torno al comportamiento fiscal de los contribuyentes de mayor patrimonio.
Desde el gobierno puntano rechazaron de plano la lectura política del caso. La directora de Ingresos Públicos, Teresa Capiello, negó que exista un incremento arbitrario de impuestos y defendió la política tributaria vigente, al señalar que los gravámenes se ajustan a la capacidad contributiva de cada ciudadano.
- Capiello remarcó que los contribuyentes de menores recursos son, en general, los más cumplidores.
- La funcionaria apuntó a sectores de alto poder adquisitivo que, pese a contar con capacidad económica, eluden o demoran sus obligaciones fiscales.
“Si la crítica proviene de alguien que no cumple, pudiendo hacerlo, entendemos que estamos en el camino correcto”, expresó Capiello, en referencia directa a la situación del senador Abdala.
El conflicto reaviva la tensión política en San Luis y proyecta sus efectos a la escena nacional, dado el rol institucional de Abdala en la conducción del Senado. Mientras la Cámara alta avanza con la ejecución de la orden de embargo, el episodio se suma al debate sobre cumplimiento fiscal, transparencia patrimonial y uso político de las herramientas de recaudación en el país.
