La Justicia cordobesa avanza en una causa que sacude a la política provincial
NewsITe
La Justicia de Córdoba ordenó la detención de Omar Ludueña, asesor del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Legislatura provincial, en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto abuso sexual contra una adolescente. El expediente vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno y los mecanismos de control de la estructura legislativa cordobesa.
Según surge de la investigación, los hechos habrían ocurrido de manera reiterada entre 2016 y 2017, cuando la víctima –identificada públicamente como Rocío– tenía 14 años. La denuncia apunta a episodios de abuso sostenidos en el tiempo y ocurridos mientras Ludueña ya integraba la planta permanente del Poder Legislativo provincial.
Ludueña ingresó a la Legislatura de Córdoba en 2011 y obtuvo la estabilidad laboral en 2015, al pasar a planta permanente. Hasta el avance de esta causa se desempeñaba como asesor del bloque radical bajo la órbita de la legisladora provincial Alejandra Ferrero. Tras conocerse la orden de detención dispuesta por los tribunales locales, su defensa rechazó de manera terminante las acusaciones, sostuvo su inocencia y adjudicó la denuncia a supuestas motivaciones políticas y “tintes electorales”.
La causa se suma a otros antecedentes recientes que involucran a empleados, operadores y asesores vinculados a la Unicameral cordobesa en investigaciones por delitos de índole sexual. Estos episodios generan creciente preocupación en organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas, que vienen reclamando la implementación efectiva de protocolos contra la violencia de género en todos los ámbitos del Estado.
El testimonio de la denunciante y la falta de contención institucional
En declaraciones al medio La Voz en Vivo, Rocío relató el calvario que asegura haber atravesado desde su adolescencia y denunció la ausencia de acompañamiento por parte de las instituciones. “Siempre tuve ese miedo porque sé cómo es la política, que hay mucha corrupción”, expresó al recordar por qué demoró años en avanzar con la denuncia.
La joven también describió situaciones en las que, lejos de ser resguardada, se sintió expuesta. “En ese momento me preguntaron sentada al lado de ella y por supuesto dije que no por miedo, no me protegieron”, señaló, en alusión a instancias en las que debió declarar sin condiciones adecuadas de contención. De acuerdo con su relato, la repetición de los ataques marcó profundamente su adolescencia. “Tristemente volví a ese lugar y seguí sufriendo abusos el resto de los años hasta mis 14”, recordó.
Investigación en curso y reclamos por mayores controles
Con la orden de detención ya dictada, la Justicia cordobesa continuará con la recolección de prueba, testimonios y pericias para determinar la responsabilidad penal del imputado. Desde distintos espacios políticos y sociales reclaman que, más allá de la definición judicial del caso, la Legislatura revise sus protocolos internos y fortalezca los mecanismos de prevención y denuncia de violencias laborales y de género.
- Organizaciones feministas exigen la plena aplicación de la Ley Micaela y capacitaciones obligatorias.
- Se pide garantizar canales seguros y confidenciales de denuncia para trabajadoras y trabajadores.
“Siempre tuve ese miedo porque sé cómo es la política, que hay mucha corrupción”, afirmó Rocío al relatar por qué tardó en denunciar.
El caso Ludueña se inscribe en un contexto de creciente visibilización de las violencias sexuales en ámbitos de poder. Mientras la causa avanza en los tribunales, la discusión pública se centra en la necesidad de reforzar las redes de protección a las víctimas y asegurar que hechos de esta gravedad no queden silenciados por estructuras políticas o corporativas.
