ONG piden al Gobierno investigar al fiscal del caso Rudnev

ONG internacionales presionan por la actuación judicial en Bariloche

Organizaciones internacionales reclaman investigar al fiscal del caso Rudnev

NewsITe

La causa que investiga al ciudadano ruso Konstantin Rudnev por presunta trata de personas en Bariloche abrió un nuevo capítulo, esta vez en el plano institucional. Tres organizaciones internacionales de derechos humanos acudieron recientemente a dependencias del Gobierno nacional para reclamar que se revise la actuación del fiscal federal Fernando Arrigo, a cargo del expediente judicial FGR 2878/2025.

Según documentación a la que tuvo acceso este medio, las presentaciones formales fueron dirigidas al Ministerio de Justicia y a áreas vinculadas con la política de derechos humanos del Gobierno de Javier Milei. Los planteos apuntan a que se analicen posibles irregularidades procesales, se garantice el debido proceso y se tomen en cuenta los cuestionamientos ya elevados ante la Procuración General de la Nación.

– Publicidad –

Entre las entidades firmantes figuran el American Council for Justice and Conflict Resolution (ACJCR), la European Muslim Initiative for Social Cohesion (EMISCO) y la organización francesa Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience (CAP Freedom of Conscience). Todas coinciden en pedir una investigación disciplinaria sobre el desempeño de Arrigo y la revisión de los pasos dados en la causa que se tramita en Bariloche.

Presentaciones ante el Ministerio de Justicia

El primer movimiento fue realizado por el ACJCR. Su presidente, Stephen Eric Bronner, envió el 7 de noviembre de 2026 una presentación al Ministerio de Justicia acompañada de una denuncia disciplinaria contra el fiscal, que según indicó ya había sido registrada en la Procuración General. La organización remarcó que en el caso se encuentran involucrados derechos humanos, libertad religiosa y garantías procesales básicas.

Cuatro días más tarde, el 11 de noviembre, la cartera de Justicia respondió con la confirmación de la apertura del expediente administrativo EX-2026-109240871-APN-DGDYD#MJ, que fue derivado a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Ese mismo día, Thierry Valle, presidente de CAP Freedom of Conscience, envió una comunicación similar, en la que informó sobre otra denuncia disciplinaria y pidió especial atención a las garantías procesales y a los derechos fundamentales de los involucrados.

En paralelo, EMISCO se sumó a las gestiones con notas enviadas el 12 y 13 de noviembre tanto al Ministerio de Justicia como al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Su secretario general, Bashy Quraishy, notificó que la organización había presentado una denuncia disciplinaria ante la Procuración General e insistió en la gravedad de los cuestionamientos respecto del respeto a los derechos humanos y la libertad religiosa en el desarrollo del proceso.

Críticas al funcionamiento de la Justicia y denuncias de dilaciones

Las tres organizaciones coinciden en cuestionar diversos aspectos de la investigación penal y reclaman que se examine la conducta de los funcionarios intervinientes. Estos planteos se articulan con denuncias previas radicadas ante la Procuración General, donde se solicitó evaluar el rol del fiscal Arrigo en la tramitación de la causa.

En este contexto, Tamara Rudneva, esposa del imputado, sostuvo que la causa ya trascendió la situación individual de su marido y se transformó en un test para el sistema judicial argentino. Aseguró que las ONG internacionales mantendrán sus reclamos mientras no se esclarezcan las presuntas irregularidades señaladas en el expediente.

Rudneva mencionó como antecedente el libro “Justicia peligrosa”, una obra crítica del proceso que, según afirmó, documenta irregularidades en el accionar de fiscales y jueces. Entre ellas, enumera el uso sin contraste de informes de medios extranjeros y de traducciones automáticas como elementos probatorios, la aplicación reiterada de prisión preventiva sobre una persona enferma y el trato dispensado a la presunta víctima.

Denuncias de presión sobre imputados y reclamo de rendición de cuentas

  • ONG internacionales exigen una investigación disciplinaria sobre el accionar del fiscal.
  • Se cuestionan presuntas demoras injustificadas y prácticas procesales que vulnerarían derechos básicos.
  • La familia de Rudnev sostiene que el caso se convirtió en una prueba para el sistema judicial argentino.

“Cuanto más dilate la acusación el proceso, mayor será la probabilidad de que salgan a la luz nuevas irregularidades”, advirtió Tamara Rudneva, quien atribuye a la Fiscalía una estrategia de prolongar las actuaciones para presionar a los imputados.

Para la esposa del ciudadano ruso, la extensión de la causa responde a una maniobra deliberada destinada a forzar confesiones, práctica que, afirma, le fue descripta por organizaciones de la sociedad civil argentinas. Según su testimonio, se recurriría a la prisión preventiva prolongada y a procesos extensos como mecanismo de presión para que los acusados acepten responsabilidades sobre hechos que niegan haber cometido. De comprobarse los abusos y eventuales falsificaciones denunciadas, las organizaciones reclaman que los funcionarios implicados enfrenten las sanciones correspondientes y que se revisen los estándares de actuación en causas de alto impacto público.

- Publicidad -
- Publicidad -
- Publicidad -