ONG internacional pide sanción y apartamiento del fiscal Arrigo
NewsITe
Una organización internacional con estatus consultivo ante la ONU presentó una denuncia formal contra el fiscal Fernando Arrigo ante el Procurador General de la Nación. La entidad cuestiona su actuación en la causa que investiga al ciudadano ruso Konstantin Rudnev por presunta trata de personas en Bariloche y reclama la apertura de un procedimiento disciplinario, así como su apartamiento del expediente.
La denuncia fue impulsada por Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience (CAP-LC), una ONG acreditada ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). La organización ya había elevado planteos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero ahora trasladó sus observaciones al ámbito disciplinario argentino, tras analizar nueva información y la evolución del proceso judicial.
En el escrito, CAP-LC advierte que el desempeño de Arrigo evidenciaría un “patrón” incompatible con los estándares que deben regir la conducta de un funcionario a cargo de la persecución penal. La presentación se estructura en cinco ejes centrales que apuntan, entre otros aspectos, al uso de información proveniente de Rusia, al tratamiento de una de las supuestas víctimas y al alcance de las medidas de coerción dictadas contra Rudnev.
Uso de información de Rusia y el caso de Elena Makarova
El primer eje de la denuncia se concentra en la utilización de antecedentes elaborados por organismos de seguridad y justicia de la Federación Rusa. Según la ONG, la información sobre disidentes políticos y religiosos emanada de ese país debería ser sometida a controles especialmente rigurosos antes de ser considerada confiable en una investigación penal.
CAP-LC recuerda que especialistas, observadores de derechos humanos y distintos organismos internacionales alertaron sobre los riesgos de emplear sin filtros adecuados documentación originada en Rusia en causas vinculadas con disidentes. En ese marco, la entidad critica que la fiscalía continúe apoyándose en ese tipo de fuentes para sostener la acusación contra Rudnev.
El segundo punto de la presentación se enfoca en la situación de Elena Makarova, una joven rusa que viajó a la Argentina para dar a luz y que figura como víctima en el expediente. La organización cuestiona que se mantenga esa calificación pese a que la propia Makarova negó públicamente haber sido víctima de Rudnev y rechazó las interpretaciones realizadas sobre su historia personal.
De acuerdo con la ONG, la insistencia en presentarla como víctima desconoce sus manifestaciones documentadas, que incluyen declaraciones públicas, escritos vinculados al expediente y denuncias presentadas para aclarar su posición. Esta discrepancia, plantea CAP-LC, abre interrogantes sobre el respeto a la autonomía de la mujer dentro del proceso penal.
Prisión preventiva, arresto domiciliario y salud de Rudnev
- Uso de la prisión preventiva y duración de la detención
- Resistencia fiscal al arresto domiciliario
- Advertencias sobre el estado de salud del imputado
El tercer eje de la denuncia apunta al uso de la prisión preventiva en la causa. CAP-LC subraya que, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, esa medida debe ser excepcional, proporcional y estar respaldada por riesgos procesales concretos. La ONG sostiene que, según su análisis, la detención se habría utilizado como herramienta de presión, un señalamiento que ahora deberá ser evaluado por las autoridades argentinas competentes.
En ese contexto, se menciona la duración de la privación de la libertad de Rudnev, su condición de extranjero y los problemas de salud informados durante el proceso. Para la entidad, mantener una medida de máxima intensidad sin agotar alternativas menos gravosas contradiría los principios de proporcionalidad y de debido proceso.
El cuarto cuestionamiento se dirige a la negativa de la fiscalía a aceptar el arresto domiciliario. CAP-LC considera que los riesgos procesales podrían ser protegidos mediante medidas menos restrictivas que el alojamiento en una unidad penitenciaria, postura que, según la organización, fue respaldada por observadores independientes que analizaron el expediente.
El quinto eje se centra en la salud de Rudnev. La ONG señala que informes médicos recientes alertan sobre los riesgos que implicaría su regreso a prisión y acusa al fiscal de no otorgar suficiente relevancia a esas advertencias. Para CAP-LC, la dimensión médica es “central” y debe ser evaluada a la luz de las obligaciones internacionales que asumió la Argentina en materia de derechos humanos.
La organización pidió al Procurador General que la denuncia derive en la apertura de un sumario disciplinario contra Fernando Arrigo y en su apartamiento de la causa. Remarcó que la presentación no implica, por sí misma, que las supuestas irregularidades estén probadas, y que será la propia Procuración la que determine el trámite y el eventual alcance institucional de estos señalamientos.
La actuación de Arrigo ya había sido objeto de objeciones por parte de especialistas y organizaciones internacionales. Con esta nueva denuncia, el debate sobre el equilibrio entre persecución penal, garantías procesales y estándares de derechos humanos en causas complejas vuelve a quedar en el centro de la escena judicial argentina.
