La Fundación Apolo, una ONG de fuerte perfil opositor al actual gobierno y cercana a Juntos por el Cambio, pidió hoy al juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, que rechace la “conciliación” que propuso el presidente, Alberto Fernández, para cerrar la causa por la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos en la etapa más estricta de la pandemia.
La fundación, que no es parte en el expediente, pidió ser tenida como “parque querellante” o, en su defecto, como “amicus curiae” (amigos del tribunal), argumentando que “Alberto Fernández vulnera su propio decreto al intentar solucionar su infracción con dinero”.
El escrito, presentado por los directivos de la Fundación Antonio Fratámico y Yamil Santoro –con el patrocinio del abogado Juan Pablo Pane- considera que “conceder la suspensión del juicio a prueba a un funcionario público sería una decisión contra la ley, que no haría otra cosa que vulnerar la prohibición expresamente establecida en el Código Penal”.
El planteo recuerda que según la legislación vigente, “no procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito”.
Esa normativa se refiere a la “suspensión del juicio a prueba” o probation, pero no es ese el mecanismo al que apelaron Alberto Fernández, su pareja y otros asistentes a la reunión para cerrar el expediente mediante la “reparación integral del daño”.
El mecanismo de la “conciliación” es más amplio que el de la probation y sobre esa base es que Fernández y su mujer formularon la propuesta de resarcir el daño causado desembolsando 1,6 y 1,4 millones de pesos respectivamente, para entidades públicas sanitarias que desarrollan políticas contra el Covid-19.
La fundación, en su escrito, consideró –no obstante- que “está claro que el Presidente de la Nación, además de ser funcionario público, es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, de las fuerzas que tienen a su cargo la seguridad de la residencia presidencial, y que dentro de dicha residencia, es el responsable directo de hacer cumplir las normas que él mismo dicta”.
“Ya sea que se hubiere encontrado con una fiesta en su residencia oficial o ya sea que la hubiere organizado, vulneró -por acción u omisión- su deber como Presidente y como Comandante en Jefe de las fuerzas que lo custodian y que tienen a su cargo la seguridad de su domicilio”, subrayó la presentación ante la justicia de San Isidro.
“La conducta imputada al Presidente constituye un acto de corrupción, un desvío de poder inadmisible, un privilegio intolerable en las circunstancias de esfuerzo supremo que estaba realizando la ciudadanía”, resumió el escrito.