Este martes, el Ministerio Público Fiscal presentará sus pruebas en contra de la vicepresidenta y el resto de los acusados por el desvío de fondos públicos.
A cargo de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, este martes continuarán los alegatos en el juicio oral a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por las obras pública al empresario Lázaro Báez. Será después que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) rechazó las recusaciones de la defensa de la vicepresidenta y de otros acusados a los fiscales y a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini.
La audiencia comenzará a las 8:30, será virtual como se viene desarrollando el juicio y la Fiscalía continuará con el análisis de la prueba. De acuerdo con el cronograma establecido por el Tribunal, los fiscales tienen nueve audiencias de alegatos, por lo que le quedarían tres. El fiscal Luciani anticipó en la primera audiencia que posiblemente haga uso de todas y que tal vez requiera más, aunque formalmente aún no hizo ningún pedido.
En la audiencia del viernes la fiscalía analizó los presupuestos que el Gobierno envió al Congreso Nacional y cuáles fueron las falencias. El fiscal explicó que cuando Cristina Kirchner declaró en el juicio oral dijo que todo lo vinculado a la obra pública era responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo porque era el encargado de aprobar los presupuestos que contenían esas obras. La expresidenta agregó que si había una asociación ilícita tenía que hacerse extensiva a los legisladores.
En respuesta, Luciani sostuvo: “Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se remitieron proyectos al Poder Legislativo de presupuestos subestimados, con información insuficiente, con incongruencias de las obras plurianuales para las empresas de Báez. El Poder Ejecutivo habilitó por medio de decretos de necesidad y urgencia, de decisiones administrativas, de permanente modificaciones, de ampliaciones o compensaciones de partidas cuantiosos fondos a las empresas de Báez. El control interno se caracterizó por la absoluta ineficiencia”.
En los últimos días, los abogadores defensores de la presidenta de la Cámara de Senadores habían solicitado el apartamiento de la causa del fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu luego de que se viralizaran fotos de ambos jugando al futbol en el complejo “Los Abrojos” del expresidente Mauricio Macri. Pese a que el argumento era la “existencia de relación personal” entre las partes y “falta de imparcialidad”, la Justicia no dio a lugar al pedido.
Cristina enfrenta este juicio oral por un supuesto redireccionamiento de la obra pública de Santa Cruz durante sus mandatos como presidenta (2007-2011 y 2011-2015) en favor de Lázaro Báez, el empresario y exsocio comercial de los gobiernos kirchneristas, y hoy condenado por otros casos de corrupción y bajo arresto domiciliario. A diferencia de las otras denuncias, este es el primer juicio contra la vicepresidenta que llega hasta la etapa de los alegatos, la instancia previa a la sentencia donde el tribunal define la condena o la absolución.
En el caso, se juzgan las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015. Los acusados son 13. Además de Báez y Cristina los exfuncionarios Julio De Vido (exministro de Obras Públicas), José López (exsecretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (extitular de Vialidad Nacional), entre otros. La Fiscalía ya adelantó que entiende que la acusación se probó durante el juicio y que pedirá condena.