La Justicia de Rosario tomó una medida inédita contra un padre que llevaba más de tres años de incumplimientos. La EPE deberá incorporar el monto a la factura, cobrarlo y depositarlo en una cuenta judicial. Si el hombre no paga, se podrá avanzar con la suspensión del suministro.
La Justicia de Rosario ordenó que un padre que incumplió durante más de tres años con el pago de la cuota alimentaria abone ahora la obligación a través de la factura de electricidad. La decisión fue adoptada por la jueza Andrea Mariel Brunetti, del Juzgado de Familia N° 11, ante el fracaso de otras medidas destinadas a garantizar que el dinero llegara a sus hijos.
La resolución establece que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) deberá incorporar el monto de la cuota en la boleta mensual del servicio, cobrarlo y transferirlo a una cuenta judicial destinada a los hijos.
Antes de llegar a esta alternativa, el hombre había sido incorporado al registro de deudores alimentarios y se le había suspendido la licencia de conducir. Sin embargo, esas sanciones no lograron garantizar el cumplimiento de la obligación.
La advertencia: si no paga, pueden cortarle la luz
Uno de los aspectos más llamativos de la resolución es que el incumplimiento de la factura podría derivar en la suspensión del suministro eléctrico. La jueza aclaró que no se trata de un corte inmediato: primero deberá notificarse al deudor y, si persiste la falta de pago, podrá aplicarse la interrupción del servicio hasta que regularice la situación.
El fallo se apoya en el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que permite a los jueces disponer medidas razonables para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La magistrada sostuvo que la falta de pago afecta directamente los derechos de niños y adolescentes y puede constituir una forma de violencia económica. También remarcó que la cuota alimentaria pertenece a los hijos y no a la madre.
La decisión representa una nueva herramienta para enfrentar los casos de incumplimiento reiterado y muestra hasta dónde puede avanzar la Justicia cuando las sanciones tradicionales no resultan suficientes para garantizar el derecho de los hijos a recibir alimentos.
