Así lo determinó una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.
El gobierno de Nicaragua despojó de sus bienes a 135 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados a Guatemala, tras una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.
La Corte Suprema, controlada por el sandinismo, también les retiró la nacionalidad nicaragüense, alegando que cometieron delitos contra la soberanía y el orden constitucional, incitando a la violencia y al terrorismo.
La sentencia dispuso el decomiso de sus bienes, justificando que las actividades de los condenados causaron severos daños al país.
Entre los afectados se encuentran figuras como el periodista Víctor Ticay y el catedrático Freddy Quezada. Esta acción es parte de la crisis política que enfrenta Nicaragua desde 2018, agudizada tras la reelección de Daniel Ortega en 2021, cuando sus principales oponentes fueron encarcelados, expulsados y privados de su nacionalidad.