Ortega impulsa cambios constitucionales que consolidan su poder
NewsITe
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada plenamente por el oficialismo, aprobó en general una reforma constitucional que profundiza el poder del presidente Daniel Ortega y de su esposa y copresidenta, Rosario Murillo. El proyecto, que ya superó una primera votación, excluye a los partidos de oposición de futuras elecciones y extiende de seis a siete años la duración de los mandatos presidenciales y de otros cargos clave.
De acuerdo con la legislación nicaragüense, las enmiendas a la Constitución deben ser aprobadas en dos legislaturas distintas. Murillo anticipó que la ratificación definitiva se realizará a partir del 18 de enero de 2027, momento en el cual la reforma podría entrar oficialmente en vigor si recibe nuevamente el respaldo de la mayoría parlamentaria oficialista.
El alcance del cambio es amplio: no solo prorroga los mandatos del binomio presidencial, sino también el de otros funcionarios electivos y el de las máximas autoridades del Ejército y la Policía. De esta manera, se refuerza el esquema de concentración de poder que organismos internacionales y gobiernos extranjeros vienen denunciando desde hace años.
Sesión especial fuera de Managua y unanimidad oficialista
El articulado fue aprobado en una sesión especial realizada frente a la catedral de León, a unos 90 kilómetros al noroeste de Managua. El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, aseguró que las modificaciones fueron “aprobadas de forma unánime”, reflejando la ausencia de voces opositoras dentro de la Asamblea, ya depurada de disidentes tras sucesivas detenciones, exilios y proscripciones.
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua desde hace casi dos décadas y ejercen un control casi absoluto de los poderes del Estado. La represión de las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos según la ONU, marcó un punto de inflexión: miles de ciudadanos, entre ellos dirigentes opositores, académicos y religiosos, se exiliaron y muchos fueron despojados de su nacionalidad bajo cargos de “traición a la patria”.
Críticas internacionales y antecedentes de reformas
La iniciativa ha generado nuevas críticas en la región. Varios gobiernos latinoamericanos la señalan como una profundización del carácter autoritario del régimen nicaragüense. Estados Unidos, que califica al gobierno de Ortega como una “dictadura”, impulsa sanciones y medidas de aislamiento diplomático. Panamá, por su parte, llegó a retirar a su embajador en Managua en señal de protesta, según consignó la cadena France 24.
- En 2022, el oficialismo ya había extendido el mandato presidencial de cinco a seis años y elevado a Murillo al rango de copresidenta.
- Las elecciones presidenciales previstas para este año fueron postergadas hasta fines de 2027, en un calendario que la oposición en el exilio considera hecho a medida del oficialismo.
Organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros alertan que la reforma consolida un sistema político sin competencia electoral real y con un margen cada vez más limitado para la disidencia.
Con un Parlamento sin representación opositora significativa, un Poder Judicial alineado con el Ejecutivo y fuerzas de seguridad bajo control directo del oficialismo, la nueva reforma aparece como un paso más en la consolidación del dominio de Ortega y Murillo sobre la vida política nicaragüense, mientras crecen las denuncias por la falta de garantías democráticas y el cierre de espacios para la participación ciudadana.
