El mega DNU 84/2023 y la ‘ley ómnibus’ enviada al Congreso, echan por tierra los avances del último tiempo. Argentina pasó de ser inspiración para el feminismo de la región a ser motivo de solidaridad y preocupación.
Rocío Vega
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En Argentina, hay casi un femicidio por día. La brecha salarial entre varones y mujeres es del 28 %. El costo de la Canasta Crianza fue en octubre de $156.868 para los niños menores de un año; de $185.080 para los de entre uno y tres años; de $148.432 para las criaturas de entre cuatro y cinco años; y de $187.057 para los que tienen entre seis y doce años. El 11,7% del total de los hogares son monomarentales – en 1,6 millones las mujeres crían a sus hijos e hijos solas: se trata de más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes- y la mitad de ellos no recibe la cuota alimentaria, según Amnistía Internacional. La Justicia recurrió a este índice en varias oportunidades para fallar ante incumplimiento parental. Según el INDEC, las mujeres dedican —en promedio— aproximadamente tres horas por día más que los varones a tareas de cuidado. La feminización de la pobreza se profundiza. La ley de interrupción voluntaria del embarazo llegó hace tres años a un país en el que organizaciones como la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) estimaban entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos al año. Con disparidad de aplicación en el territorio federal, hoy es uno de los derechos que peligra ante las medidas y proyectos del nuevo gobierno nacional. Por eso, organizaciones de mujeres y disidencias se encuentran movilizadas y en alerta.
El mega DNU 84/2023 y la ‘ley ómnibus’ enviada al Congreso, echan por tierra los avances del último tiempo. Argentina pasó de ser inspiración para el feminismo de la región a ser motivo de solidaridad y preocupación.
DESJERARQUIZACIÓN
El miércoles pasado se confirmó la reducción del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género a cargo del recientemente creado Ministerio de Capital Humano. Además de la falta de definición de autoridades y áreas, tampoco se sabe cómo se podrían llevar adelante sus programas considerando el recorte de presupuesto que implica su desjerarquización. El organismo había llegado a miles de mujeres y disidencias mediante diversas iniciativas además de brindar un servicio vital a través de la Línea 144.
El mismo día se supo que mediante la ley ómnibus que Javier Milei envió al Congreso, se propone acotar la ley Micaela y volver a conceptos como “violencia familiar” y “niños por nacer”.
La ley Micaela fue promulgada en 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner. En 2012, Wagner ya había sido condenado por abuso sexual a nueve años de prisión y estuvo en la cárcel hasta que el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú Carlos Rossi lo liberó en 2016, a pesar de un informe del Servicio Penitenciario que desaconsejó esa decisión. La propuesta para la modificación de la Ley Micaela acotaría su rango de acción, ya que establece ‘la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia’. Es decir, se destruye la función clave, al fin y al cabo, la gracia, de una ley que tenía como objetivo concientizar sobre violencia machista a funcionarios de los tres poderes alejados del tema.
En una entrevista con EL NORTE publicada el domingo pasado, Néstor García -padre de Micaela- ya advertía: “Va a haber que ir monitoreando, qué va pasando. Una de las cosas que nos sucedió como Fundación este año fue que más del 60% de las capacitaciones que nos convocaron para realizar y las convocatorias, fueron de las organizaciones gremiales. Pienso que eso va a seguir, tal vez siga con más fuerza para seguir sosteniendo una política pública que claramente el Gobierno nacional no va a impulsar (…) Ahora que hay que luchar desde un lugar de resistencia, me parece que puede implementarse con mayor conciencia también, como para mostrar una contraposición a lo que hacen los gobiernos más neoliberales”.
MÁS QUE DENOMINACIONES
Otra de las propuestas de la ley ómnibus que representa retrocesos en materia de políticas de género tiene que ver con la modificación de la ley Mil Días, de acompañamiento en el cuidado de la salud de la primera infancia.
“La presente ley tiene por objeto fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años”, dice el texto que incorpora la figura del “hijo por nacer” como sujeto de derechos. Y que cambia la denominación “persona gestante”, que se usa para incorporar a los varones trans, para hablar sólo de “mujer embarazada”.
Y además, todo el texto de la ley ómnibus -incluida la modificación de la ley Micaela- establece una diferencia conceptual que no es menor: prioriza la expresión “violencia familiar y contra la mujer” por sobre el concepto de “violencia de género”. Es una diferencia política, de abordaje, que no sólo desdibuja la diversidad, sino que también retrocede décadas en la concepción de la violencia machista. Hablar de “violencia de género” implica que ésta puede ocurrir en distintos ámbitos (en el trabajo, en la vía pública, en los medios), no sólo en el universo doméstico. Y es también un modo de encubrir que es posible sobre la base de desigualdades estructurales.
MATERNAR Y CUIDAR
Por otra parte, de los 300 puntos del DNU sólo dos de ellos abordan de forma explícita cambios en las políticas públicas actuales respecto a los derechos de las mujeres. Esa poca presencia en este primer decreto es una declaración en sí misma ya que además la mujer figura sólo cuando se abordan dos cuestiones: la maternidad y las tareas del hogar. A esto se suma que distintos sectores advierten sobre riesgos en la aplicación de la ley del aborto y la convalidación de actos discriminatorios en el orden laboral por cuestiones de género, entre otros.
En otro orden, desde la sanción de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros “Diana Sacayán – Lohana Berkins” (N° 27.636, 2021), unas 955 personas TT ingresaron a trabajar al Estado nacional. De esas, 381 lo hicieron el último año. Para la gran mayoría de ellas, este es el primer empleo formal al que acceden, luego de años de calle, changas y exclusiones. Asimismo, según el informe “Implementación del Cupo Laboral Travesti Trans No binarie en Argentina” del Observatorio Sindical de Géneros y Relaciones Laborales de ATE Nacional, la cantidad de personas TT empleadas en el sector público es “menos de una quinta parte del 1%”. Según el documento, la cifra debería ascender de 955 a 5.551 para cumplir con lo previsto por la ley.
Con las nuevas disposiciones del gobierno en relación a los empleos del Estado, además de por otras problemáticas, el colectivo LGBT+ se encuentra en riesgo.
VOCES LOCALES
Desde la Multisectorial de Mujeres de San Nicolás Inés Zaidman marcaba días atrás en diálogo con este medio: “Hay una problemática de género que es muy grande: la inflación es tan terrible que ya en muchas casas de los barrios, las mujeres no les pueden dar de comer a sus hijos. Empieza a haber un grado de desánimo y desesperación importante. Hacen una sola comida por día o recurren a algún comedor. El hambre es violencia, sobre todo de género porque en muchos casos la que da de comer es la madre, como sostén de familia. Además del impacto económico y en la salud, esto ocasiona serios problemas emocionales en la población (…) Es muy grave, estamos muy preocupadas. Junto con la incertidumbre está la indignación. Fueron años de lucha para conseguir lo que conseguimos, nadie nos regaló nada”.
Érika Martínez desde Las Mariposas y la Campaña por la Declaración de la Emergencia en Violencia de Género expresaba a EL NORTE: “Las nuevas medidas económicas anticipan un gran ajuste que termina pagando el pueblo, y sobre todo las mujeres. En este contexto, el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es un retroceso dado que se trata de un espacio primordial para la generación y aplicación de políticas públicas para abordar las cuestiones de género. Es un retroceso a nivel social y en la prevención. Siempre apuntamos a un Estado presente que pueda garantizar una mejor calidad de vida hacia las mujeres, que se pueda eliminar la violencia de género. Todos esto genera preocupación, es un golpe a la vida y la calidad de vida de las mujeres y los feminismos. Estamos unidas y organizadas para luchar por derechos”.
Así se plantea el cierre de 2023 para mujeres y disidencias, en un contexto donde se profundizan las vulnerabilidades.
