Una familia de Moreno soportó durante años música a alto volumen, vibraciones, fuegos artificiales y situaciones de descontrol provenientes de una propiedad lindera. La Justicia reconoció daños psicológicos y morales, además del costo de los tratamientos que debieron afrontar tres de los adultos afectados.
El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Moreno condenó al propietario de una quinta a pagar $25.120.000 a una familia vecina, luego de considerar probado que el predio funcionó como salón de fiestas y provocó ruidos molestos, vibraciones y estruendos por encima de los límites tolerables para la convivencia.
La sentencia también impuso al responsable el pago de los intereses y los gastos del juicio. Los eventos sociales, entre ellos casamientos, cumpleaños y otros festejos, se realizaban con equipos de sonido de alta potencia y sin el aislamiento acústico adecuado.
El local funcionó desde 2008 hasta 2020, cuando la pandemia obligó a suspender las actividades. Posteriormente, el predio fue reconvertido en una residencia geriátrica.
Música, vibraciones y descontrol durante los fines de semana
La demanda fue presentada en 2020 por una pareja, su hijo menor y una familiar que vivía con ellos en una propiedad lindera. Según expusieron, la música y los ruidos se repetían especialmente durante los fines de semana y provocaban vibraciones en las paredes y los vidrios de la vivienda.
La familia también denunció el lanzamiento de botellas hacia casas vecinas y el uso de fuegos artificiales y artefactos de estruendo durante los festejos. Antes de acudir a la Justicia intentó resolver el conflicto directamente con el responsable del predio, pero no obtuvo respuesta.
Los damnificados presentaron una denuncia administrativa ante la Municipalidad en noviembre de 2019 y también recurrieron a la Policía. Una inspección realizada ese mismo mes encontró equipos electroacústicos, una consola, potencias y ocho cajas de parlantes dentro del salón.
El inmueble tenía aberturas de aluminio con vidrios simples. Durante la inspección, el responsable tampoco exhibió la habilitación municipal ni un estudio de ruido, por lo que las autoridades ordenaron el cese de las actividades hasta que regularizara la situación.
Daños psicológicos, tratamientos y reparación moral
La jueza consideró que, aunque el salón ya no funcionaba cuando se dictó la sentencia, correspondía determinar la responsabilidad por los perjuicios ocasionados durante los años anteriores. El titular de la propiedad no respondió la demanda y fue declarado en rebeldía.
El fallo aplicó las disposiciones del Código Civil y Comercial que regulan las molestias entre vecinos y concluyó que los ruidos, las vibraciones y los estruendos excedieron el límite tolerable. Para establecer la responsabilidad no fue necesario probar una intención de dañar, sino la existencia de los perjuicios y su relación con la actividad desarrollada en el predio.
Una pericia determinó que tres de los adultos presentaban alteraciones emocionales vinculadas con lo ocurrido y que debieron afrontar tratamientos psicológicos durante al menos un año. El juzgado reconoció $7 millones por daño psicológico y $4.320.000 para cubrir esos tratamientos.
La sentencia también fijó una reparación de $13.800.000 por daño moral, monto que incluyó $4 millones destinados al hijo menor. De esta manera, la indemnización total alcanzó los $25.120.000, con importes diferenciados para cada integrante de la familia.
A la cifra se sumarán intereses del 6% anual, calculados desde noviembre de 2019 hasta la fecha de la sentencia. A partir de entonces y hasta que se concrete el pago, se aplicará la tasa pasiva más alta del Banco Provincia.
Con información de “TN”…
