Monteverde atribuye la tensión crediticia a factores políticos y fiscales
NewsITe
El senador nacional y economista Agustín Monteverde analizó el fuerte incremento de la mora en el sistema crediticio argentino, que ya alcanza al 17,5% de los préstamos, en un contexto en el que, durante los últimos seis meses, el 61% de los argentinos tomó alguna forma de deuda para afrontar gastos cotidianos. Lejos de destinarse a bienes durables, los créditos se orientaron a financiar alimentos, servicios, alquileres y, en muchos casos, a cancelar otras obligaciones previas.
Monteverde sostuvo que este fenómeno no puede leerse solo como una fotografía aislada, sino como parte de una película más extensa vinculada a la evolución del crédito en el país. Recordó que hasta diciembre de 2023 el volumen de préstamos representaba apenas una cuarta parte de lo que significa hoy en relación al PBI, por lo que el crecimiento del financiamiento al sector privado fue, en su visión, “un hecho positivo” luego de años de escaso acceso al crédito para empresas y familias.
El legislador de La Libertad Avanza remarcó que, más que hablar de “endeudamiento”, corresponde hablar de “crédito” y señaló que, aun con la expansión reciente, el nivel de préstamos al sector privado sigue siendo bajo en comparación con países desarrollados y con otras economías de la región. Para él, el verdadero problema reside en la incapacidad creciente de muchos deudores para cumplir con los pagos y en la acumulación de atrasos que pone en tensión al sistema financiero.
Inflación, sobreendeudamiento y pérdida de expertise bancaria
Entre las causas económicas de la suba de la mora, Monteverde mencionó la ruptura de un comportamiento muy arraigado en la Argentina: la expectativa de que la inflación licúe el peso real de las cuotas futuras. Esta vez, explicó, la inflación no solo no se aceleró, sino que se desaceleró, desarmando la apuesta de quienes tomaron crédito confiando en que la licuación ocurriría como en el pasado reciente.
A esto se sumó el sobreendeudamiento de familias y empresas, que recurrieron en paralelo a distintos canales de crédito —bancos, fintech y otras entidades— para refinanciar obligaciones previas. Esa superposición de compromisos dejó a muchos hogares en una situación financiera frágil, con ingresos que no alcanzan a cubrir las cuotas en un contexto de tasas de interés muy elevadas.
El economista también apuntó a una falla del propio sistema financiero. Tras más de una década enfocada casi exclusivamente en financiar al Estado, consideró que buena parte de los bancos perdió entrenamiento en el análisis de riesgo crediticio del sector privado. En ese marco, se habrían otorgado préstamos con criterios laxos o con una evaluación insuficiente de la capacidad de repago de los clientes.
El factor desestabilizador y el impacto político en la economía
Más allá de los factores económicos, Monteverde hizo foco en el frente político. Afirmó que a partir de marzo de 2025, cuando se instaló la versión de que el FMI no aprobaría una nueva revisión ni aportaría recursos frescos, se desató “un ataque contra el Gobierno” sostenido en medios y ámbitos políticos. Según su descripción, ese clima se intensificó en el segundo semestre con la presentación de proyectos que, a su juicio, apuntaban a erosionar la política de solvencia fiscal del oficialismo.
El senador sostuvo que la aprobación de algunas de esas iniciativas, incluso con el rechazo a un veto presidencial, y la multiplicación de pedidos de juicio político contra el presidente, configuraron una “ofensiva desestabilizadora” de la oposición en la antesala de las elecciones de medio término. En ese contexto, afirmó, la demanda de dinero en pesos comenzó a caer y muchos actores económicos se volcaron a la dolarización de carteras en volúmenes inusuales.
Para sostener la estabilidad, el Gobierno optó por una política de disciplina fiscal y monetaria estricta, lo que derivó en un fuerte aumento de las tasas de interés. Ese encarecimiento del crédito terminó repercutiendo en la actividad económica, que venía creciendo, y amplificó las dificultades de los deudores para sostener el pago de sus obligaciones.
Crítica a los “planes platita” y propuesta de alivio impositivo
Monteverde rechazó de plano la posibilidad de implementar un nuevo “Plan Platita” o medidas de rescate generalizado a los deudores, al considerar que implicaría cargar el costo sobre sectores que no son responsables de las decisiones de endeudamiento. Además, planteó que este tipo de programas termina auxiliando principalmente a los bancos, a los que definió como entidades profesionales que deberían asumir el riesgo de sus decisiones de crédito.
Como alternativa, propuso avanzar sobre los factores que hacen tan elevadas las tasas de interés. En particular, apuntó al Impuesto a los Ingresos Brutos, un tributo provincial que, según el senador, tiene un peso central en el costo financiero y resulta “descabellado y distorsivo”. Sugirió que los gobernadores podrían eliminarlo o, al menos, suspenderlo de manera transitoria para aliviar el costo del crédito.
También señaló al Impuesto a los Sellos como otro componente relevante del encarecimiento financiero, nuevamente en manos de las provincias. A diferencia de estos gravámenes, evaluó que los impuestos nacionales tienen un impacto secundario en la tasa final. Para Monteverde, una reducción coordinada de Ingresos Brutos y Sellos podría contribuir a descomprimir las tasas, mejorar la capacidad de pago de los deudores y reducir gradualmente la mora en el sistema.
“El incremento de la mora fue, principalmente, un subproducto de la gigantesca ofensiva desestabilizadora de la oposición previa a las elecciones de medio término”, sostuvo Agustín Monteverde, quien además reclamó una revisión profunda de los impuestos provinciales que encarecen el crédito.
Mientras el Gobierno insiste en mantener la disciplina fiscal y monetaria, el debate sobre cómo aliviar la carga financiera de familias y empresas se instala en el Congreso y en las provincias, con la mirada puesta en evitar que la crisis de mora se convierta en un problema sistémico para la economía argentina.
