Monteoliva, de Córdoba 2013 a la crisis policial santafesina
NewsITe
La protesta policial que se desató en Santa Fe reavivó un recuerdo incómodo para la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. Doce años atrás, en Córdoba, un acuartelamiento masivo dejó la provincia virtualmente sin policía, habilitó saqueos generalizados y precipitó su salida del gabinete provincial a solo 88 días de haber asumido. Hoy ocupa el cargo de máxima responsable de la seguridad en todo el país y enfrenta un escenario que, aunque distinto, funciona como un espejo de aquel episodio.
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En las últimas horas, patrulleros estacionados y efectivos de brazos cruzados en distintas localidades santafesinas encendieron la alarma en la Casa Rosada. Si bien el reclamo central vuelve a ser salarial, el trasfondo es más profundo: condiciones laborales deterioradas, malestar acumulado y el temor a un «efecto contagio» hacia otras fuerzas provinciales y federales.
Monteoliva conoce de primera mano los riesgos de una retirada policial. En diciembre de 2013, cuando un sector mayoritario de la Policía de Córdoba abandonó las calles, se produjeron saqueos en cadena, dos muertos, cientos de heridos y más de mil comercios destruidos. Entonces, el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner demoró la asistencia y la Gendarmería llegó cuando el acuerdo provincial ya estaba cerrado. Aquella combinación de vacío policial y falta de auxilio federal marcó un quiebre político que aún pesa en la relación entre el kirchnerismo y Córdoba.
En ese contexto, Monteoliva —la primera mujer al frente del Ministerio de Seguridad cordobés, con formación técnica y experiencia en análisis del delito— no logró contener a una fuerza atravesada por años de conflictos internos, salarios bajos y fuertes tensiones de mando. La crisis terminó con su renuncia pocos días después del acuartelamiento.
Respuesta inmediata y despliegue federal en Santa Fe
Más de una década después, la escena se repite con variantes. En Santa Fe, uniformados de distintas ciudades se sumaron a una protesta por mejoras salariales. Datos oficiales del propio Ministerio de Seguridad de la Nación admiten que, de los 200 móviles provinciales habituales en Rosario, solo circularon unos 30 el lunes y alrededor de 50 el martes. Desde la administración provincial, el ministro Pablo Cococcioni intentó bajarle el tono a la situación y aseguró que el servicio nocturno no se vio gravemente resentido.
Esta vez, sin embargo, Monteoliva no aparece como una ministra provincial desbordada, sino como la autoridad federal que busca evitar una nueva «zona liberada». Con la experiencia de 2013 como lección, ordenó reforzar inmediatamente el despliegue nacional: a los 70 móviles del Plan Bandera ya presentes en territorio santafesino se sumaron otros 30, además de brigadas de investigaciones y distintas unidades especiales. La consigna oficial es clara: más presencia en la calle y ningún vacío de seguridad que pueda habilitar episodios de violencia o saqueos.
En paralelo, el Gobierno nacional se esfuerza por marcar una diferencia política con el pasado reciente. No hubo teléfonos sin responder ni demoras deliberadas en el envío de refuerzos, como denunciaron los funcionarios cordobeses en 2013 respecto de la Casa Rosada kirchnerista. La estrategia libertaria se apoya en la idea de intervención rápida para blindar a la población y, al mismo tiempo, contener posibles réplicas en otras jurisdicciones.
Un conflicto salarial que se repite en todo el país
La preocupación central en el Ejecutivo no se limita a Santa Fe. Los reclamos salariales de policías provinciales, fuerzas federales (PFA, PSA, Prefectura, Gendarmería) y Fuerzas Armadas se acumulan desde hace años sin una solución de fondo. El desgaste quedó reflejado en un dato inquietante: desde diciembre de 2023, más de 18.000 integrantes de las Fuerzas Armadas pidieron la baja, un éxodo inédito que golpea con particular fuerza al Ejército.
A esto se suman decisiones recientes, como la división en dos de la obra social IOFSA, que profundizó el malestar entre el personal de defensa y seguridad. En 2024, un levantamiento policial y docente en Misiones obligó a la Nación a intervenir con un Aporte del Tesoro de 9.000 millones de pesos, pese a que la entonces ministra Patricia Bullrich había prometido no involucrarse. Ese antecedente funciona ahora como una advertencia sobre la velocidad con que los conflictos salariales pueden escalar.
Para Monteoliva, la crisis santafesina tiene una dimensión política e institucional que supera el operativo de refuerzos. Si en 2013 la ausencia de respaldo federal la dejó sola frente a una provincia en llamas, hoy su desafío es evitar que el Gobierno al que pertenece repita aquel error. Las tensiones presupuestarias y el ajuste sobre las cuentas públicas conviven con la necesidad de sostener la presencia policial y militar, en un país donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales.
El conflicto actual expone una matriz que se repite: fuerzas mal remuneradas, negociaciones provinciales postergadas y una Nación que termina interviniendo para apagar incendios. La rapidez del despliegue en Santa Fe puede contener el impacto inmediato, pero no resuelve la discusión de fondo sobre salarios, condiciones de trabajo y el rol del Estado en la conducción política de las fuerzas de seguridad.
Mientras tanto, en la Casa Rosada observan con atención cada patrullero en la calle y cada imagen que llega desde Santa Fe, conscientes de que el verdadero riesgo no es solo el presente, sino lo que esa postal puede desencadenar en el resto del país.
