El Senado tratará el jueves la nueva Ley de Discapacidad. En Argentina, el papa vinculó el progreso de una nación a la atención de las personas con discapacidad y puso énfasis en los deberes estatales con las poblaciones más vulnerables, en medio de los recortes del Gobierno nacional. La directora de Cooperanza manifestó a EL NORTE: “Las organizaciones no podemos ser el único sostén de un sistema que es responsabilidad del Estado”.

De la Redacción de EL NORTE
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El Senado buscará aprobar este jueves la nueva Ley de Discapacidad. El debate parlamentario llega después de la histórica visita del papa León XIV en la que priorizó la problemática con una parada en el Cottolengo Don Orione. Pocos días antes, el Gobierno de Javier Milei había oficializado la baja de 21.800 pensiones suspendidas. En tres años, el sistema perdió beneficiarios, poder de compra y presupuesto. La salud tampoco quedó a salvo. Incluir Salud, la cobertura médica de quienes cobran una pensión y no tienen obra social, sufrió un recorte del 13,9% respecto de 2026 y del 19% en relación con 2023. En este contexto, consultada por EL NORTE, la especialista en Gestión de Servicios para la Discapacidad y directora de Cooperanza, Florencia Moliterno, notó: “Nuestra tarea es irremplazable, pero necesitamos condiciones económicas que nos permitan trabajar con previsibilidad y dignidad. Las responsabilidades del Estado son indelegables”.
“Necesidad de Estado presente”
“Trabajar para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus capacidades, construir vínculos, participar de la comunidad y tener una vida digna requiere mucho más que vocación, compromiso y amor: necesita políticas públicas, recursos y un Estado presente. La situación económica de las instituciones que trabajamos en discapacidad es muy compleja. Venimos atravesando un proceso de deterioro que pone en tensión la sostenibilidad de muchas organizaciones. Los aranceles que recibimos por las prestaciones no acompañan adecuadamente la evolución de los costos reales de funcionamiento. Tenemos que afrontar salarios, servicios, alimentación, transporte, mantenimiento edilicio, insumos y todos los recursos humanos y materiales que requiere una atención de calidad”, explicó.
Moliterno señaló que las instituciones no pueden trasladar esos desequilibrios a las personas con discapacidad ni a sus familias, ni suspender una prestación porque aumentó el combustible, los alimentos o porque los recursos no alcanzan. “Detrás de cada servicio hay una persona que necesita continuidad, acompañamiento y un equipo de trabajo que sostenga su proyecto de vida. En Argentina contamos con un marco normativo importante, pero el gran desafío es que esos derechos se conviertan en realidades concretas. No alcanza con reconocerlos en una ley si después las instituciones no pueden sostener sus servicios, los profesionales reciben remuneraciones insuficientes o las familias tienen que peregrinar para conseguir una prestación”, marcó.
“Previsibilidad y dignidad”
La referente de Cooperanza reclamó: “Las organizaciones de la sociedad civil no podemos seguir siendo el único sostén de un sistema que es responsabilidad del Estado garantizar. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, establece obligaciones del Estado muy claras en materia de inclusión, accesibilidad, educación, salud, rehabilitación y participación social”.
“El Estado nacional tiene responsabilidades centrales en el financiamiento del sistema de prestaciones, la regulación de los aranceles, las pensiones y las políticas de protección social. También tienen responsabilidades los gobiernos provinciales y municipales, cada uno dentro de sus competencias”, sostuvo.
Los prestadores de servicios para personas con discapacidad –entre los que se encuentran organizaciones, profesionales que brindan terapias y transportistas– atraviesan una situación cada vez más crítica, en la que también inciden las notables demoras en los pagos de las obras sociales.
Llamado de atención del papa
Asimismo, las palabras de León XIV representaron un llamado de atención para los gobiernos. “Cuando el papa dice que el progreso de una nación se mide también por la manera en que recibe y acompaña a las personas con discapacidad, está poniendo en palabras algo que desde las organizaciones venimos sosteniendo hace muchísimo tiempo: una sociedad verdaderamente desarrollada no se mide solamente por sus indicadores económicos, sino también por su capacidad de garantizar derechos, generar oportunidades e incluir a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Ojalá su visita y sus palabras nos ayuden a recuperar esta discusión desde el lugar que merece: el de la dignidad humana y los derechos de todas las personas”, instó Moliterno.
“Las personas con discapacidad no son una carga económica ni un problema que hay que administrar. Son ciudadanos con derechos, con capacidades, deseos, proyectos y mucho para aportar a la comunidad. La inclusión no puede depender de la voluntad, la solidaridad o el esfuerzo extraordinario de algunas instituciones y familias. Tiene que ser una decisión política, una responsabilidad colectiva y una política de Estado sostenida en el tiempo”, concluyó.
Recortes del Gobierno
El proyecto de Presupuesto 2027 propone cambios en las prestaciones y pensiones por discapacidad, que incluyen modificaciones en los aranceles y el acceso a estas.
Además, el programa Incluir Salud tendría una reducción real del 13,9% respecto de 2026.
El monto promedio de las pensiones por invalidez acumula una caída real del 11,9% en 2025 frente a 2023. El año pasado, el Poder Ejecutivo no otorgó ninguna Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, que la Ley 27.793 reguló y que el Gobierno nunca reglamentó. Desde 2024, se concedieron apenas 5825 pensiones por invalidez laboral frente a 587.373 solicitudes que esperaban a fines de 2023 y otras 198.628 presentadas desde entonces.

