El senador brasileño ingresó a la Argentina junto a su familia y partió desde Puerto Iguazú en un avión privado con destino a Ecuador. Desde el Gobierno misionero señalaron que, si hubo irregularidades en el procedimiento, deben ser aclaradas por las autoridades nacionales.
El paso del senador brasileño Flávio Bolsonaro por Misiones abrió un nuevo frente de controversia política entre Argentina y Brasil. Luego de que la Dirección Nacional de Migraciones confirmara su ingreso al país junto a su familia y su posterior salida en un vuelo privado desde Puerto Iguazú, fuentes del Gobierno provincial buscaron despegarse del episodio y señalaron que cualquier irregularidad en el procedimiento debe ser explicada por la Nación.
Según el comunicado oficial de Migraciones, Flávio Bolsonaro, su esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus dos hijas ingresaron a la Argentina el martes 27 de octubre, a las 22.50, por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Puerto Iguazú con Foz do Iguaçu, en Brasil. El organismo sostuvo que los cuatro presentaron documentación válida y que no registraban impedimentos legales para ingresar al territorio argentino.
Cuarenta minutos después, a las 23.30, la familia abordó un avión privado operado por la empresa Baires Fly, cuyo destino declarado era Guayaquil, Ecuador. Desde allí, el dirigente brasileño continuó su viaje hacia Estados Unidos, donde finalmente aterrizó en Miami durante la mañana de este miércoles.
La secuencia quedó bajo cuestionamiento por la situación judicial de Bolsonaro en Brasil. Según las informaciones difundidas sobre el caso, el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, había dispuesto restricciones vinculadas con sus documentos de viaje y su salida del país. Esa circunstancia generó interrogantes sobre cómo pudo concretar el recorrido a través de territorio argentino.
Desde la administración misionera, sin embargo, evitaron asumir responsabilidades por el operativo. Fuentes provinciales señalaron que mantienen vínculos de trabajo habituales con los estados brasileños vecinos y remarcaron que, si existió un procedimiento irregular por parte de Migraciones o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), corresponde al Gobierno nacional brindar las explicaciones pertinentes.
El caso también generó repercusiones políticas en el ámbito nacional. La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú para que se investiguen las circunstancias del ingreso de Bolsonaro, los controles migratorios y las condiciones en las que abordó el avión privado. Entre otras medidas, solicitó preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la frontera y del aeropuerto, además de los planes de vuelo y la nómina de pasajeros.
La presentación busca determinar si existieron irregularidades o responsabilidades de funcionarios durante el procedimiento. No obstante, la denuncia no constituye por sí misma una prueba de que se haya cometido un delito, por lo que las circunstancias deberán ser establecidas a partir de la documentación y las actuaciones judiciales.
Uno de los puntos que concentra la atención es la presencia de una aeronave privada que permaneció cerca de 24 horas en el aeropuerto de Puerto Iguazú antes de partir rumbo a Ecuador. Se trata de un Gulfstream G400, matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a Baires Fly. De acuerdo con las reconstrucciones periodísticas, el vuelo había tenido inicialmente otro destino previsto y su partida se demoró hasta que se completaron los trámites correspondientes.
La Dirección Nacional de Migraciones sostuvo que el ingreso de la familia se realizó con documentación habilitada y sin incidentes. Sin embargo, el episodio dejó planteadas preguntas sobre la coordinación entre los organismos argentinos y las autoridades brasileñas, así como sobre la información disponible al momento del cruce fronterizo.
La controversia se produce en un contexto de tensión política en Brasil, donde Flávio Bolsonaro enfrenta investigaciones judiciales por presuntas irregularidades financieras. Tras su salida del país, el caso sumó una dimensión diplomática y abrió un debate sobre los controles migratorios y el papel de las autoridades argentinas en el traslado del dirigente.
Por el momento, no hay una conclusión judicial que determine la existencia de un operativo ilegal en Misiones. La investigación deberá establecer si se cumplieron todos los procedimientos y si hubo alguna intervención irregular de funcionarios nacionales.
