Fondos fiduciarios, superávit y la meta de déficit cero
NewsITe
Durante los primeros dos años de gestión de Javier Milei, los fondos fiduciarios nacionales acumularon un superávit cercano a los US$ 3.000 millones, recursos que por ley están destinados, en su mayoría, a financiar obras de infraestructura en todo el país. Sin embargo, una porción considerable de ese dinero terminó canalizada hacia instrumentos financieros del Tesoro para apuntalar la estrategia oficial de déficit cero.
De acuerdo con balances contables, planillas presupuestarias e informes de organismos oficiales como la Jefatura de Gabinete y la Oficina Nacional de Presupuesto, los 29 fideicomisos vigentes o en proceso de liquidación recaudaron más de $ 8,2 billones en este período. Pese a ese volumen, la ejecución efectiva de los programas para los cuales fueron creados quedó muy por debajo de lo que indica la recaudación.
En 2024 los fondos ejecutaron apenas el 55,8% de lo recaudado, mientras que en 2025 el nivel de utilización subió al 69,5%. En el primer trimestre del año en curso, la ejecución se ubicó en torno al 69,7%. El resto de los recursos se volcó a colocaciones financieras administradas por el Ministerio de Economía, que pasó de resguardar liquidez en plazos fijos del Banco Nación a comprar directamente letras, bonos y títulos públicos del Tesoro.
Según cálculos realizados sobre el tipo de cambio oficial promedio de cada año, el superávit financiero de los fideicomisos alcanzó en 2024 los $ 1,86 billones (unos US$ 1.978 millones) y en 2025 los $ 1,23 billones (equivalentes a US$ 973 millones). Para el ejercicio en curso, las planillas oficiales proyectan colocaciones por alrededor de $ 1,33 billones, lo que habilitaría al Gobierno a disponer de unos US$ 880 millones adicionales provenientes de esas cajas fiduciarias.
Obras frenadas y alertas sobre el impacto social y productivo
Los datos oficiales y las estimaciones de consultoras privadas y centros de estudio indican que, de mantenerse este esquema, la acumulación de excedentes de los fondos fiduciarios podría rozar los US$ 4.000 millones al cabo de los primeros tres años de gobierno. Detrás de estos números aparece el impacto concreto en proyectos de infraestructura clave para barrios populares y sectores productivos.
Uno de los casos más sensibles es el del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a financiar obras de urbanización y servicios básicos en asentamientos y barrios vulnerables. Las transferencias a este programa se desplomaron un 94%, lo que derivó en la paralización de 636 proyectos de infraestructura básica y vivienda popular. Referentes sociales y especialistas en desarrollo urbano advierten que esta situación profundiza el déficit habitacional y posterga mejoras urgentes en materia de agua potable, cloacas y equipamiento comunitario.
Una dinámica similar se observa en el Sistema de Infraestructura del Transporte y en el Fondo de Infraestructura Hídrica. En ambos casos, los recursos canalizados a inversiones financieras superan ampliamente los montos destinados a la ejecución de obras concretas, como la construcción y el mantenimiento de rutas, el mejoramiento del transporte y las intervenciones de saneamiento hídrico necesarias para mitigar inundaciones y eventos climáticos extremos.
- Menos de dos tercios de los fondos recaudados se destinan efectivamente a obras.
- Los excedentes se orientan a la compra de deuda pública para sostener el equilibrio fiscal.
- Programas sociales y de infraestructura estratégica registran fuertes recortes y demoras.
La política de redireccionar excedentes de fideicomisos a instrumentos del Tesoro permite sostener la meta de déficit cero, pero a costa de frenar proyectos de infraestructura que impactan en la calidad de vida y el desarrollo productivo en todo el país.
Mientras la Casa Rosada defiende la prioridad del equilibrio fiscal como condición para la estabilidad macroeconómica, gobernadores, intendentes, organizaciones sociales y cámaras empresarias advierten por las consecuencias de la parálisis de obras. El debate de fondo se centra en si el uso de estos recursos con fines financieros, aun dentro de los márgenes legales, desnaturaliza la razón de ser de los fondos fiduciarios y posterga necesidades urgentes de infraestructura y desarrollo territorial.
