Reforma en las contrataciones: más margen de decisión para los segundos rangos
NewsITe
El Gobierno nacional modificó el régimen de contrataciones de la Administración Pública y elevó de manera significativa los montos a partir de los cuales se requiere la intervención de las máximas autoridades. Con la nueva normativa, los secretarios de Estado ganan protagonismo en la autorización y adjudicación de licitaciones, concursos y compras directas, en detrimento de la firma de los ministros.
La medida fue oficializada a través del Decreto 427/2026, firmado por el presidente Javier Milei y refrendado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y modifica tanto el decreto reglamentario del Régimen de Contrataciones (Decreto 1030/16) como el de la Ley de Administración Financiera (Decreto 1344/07).
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El cambio central radica en que las licitaciones que superen los 50.000 módulos y las compras directas por encima de los 30.000 módulos ya no requerirán la firma del ministro del área. En adelante, esos procesos podrán ser aprobados por los secretarios ministeriales o funcionarios de jerarquía equivalente, lo que implica una descentralización formal del poder de decisión en materia de gasto.
Hasta ahora, las licitaciones que superaban el umbral de 50.000 módulos debían ser adjudicadas por el jefe de Gabinete, los ministros o las máximas autoridades de los organismos descentralizados. La reforma desplaza ese nivel de competencia hacia los secretarios y, además, fija que para la etapa de autorización previa a la adjudicación estos funcionarios podrán intervenir desde los 15.000 módulos.
Montos actualizados y alcance de la reforma
De acuerdo con los valores vigentes a abril, cada módulo tiene un valor levemente superior a los $50.000. En ese contexto, el nuevo tope para licitaciones que pueden ser aprobadas por secretarios se ubica en torno a los $2.500 millones, mientras que en el caso de las compras directas el techo asciende a aproximadamente $1.500 millones.
- Secretarios podrán autorizar licitaciones desde 15.000 módulos.
- Podrán adjudicar licitaciones que superen 50.000 módulos.
- Las compras directas de hasta 30.000 módulos también quedarán bajo su órbita.
- Se actualizan las escalas de gasto de la Ley de Administración Financiera.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo sostiene que la intención es “agilizar, simplificar y dotar de mayor operatividad la gestión de los procedimientos de selección, coadyuvando con ello a una utilización más eficiente de los recursos públicos”. Con ese argumento, se busca justificar la delegación de mayores márgenes de decisión en niveles jerárquicos inferiores al ministerial.
El nuevo decreto será de aplicación para todos los procedimientos de selección de la Administración Nacional, incluso aquellos que hayan sido autorizados con anterioridad a su entrada en vigencia.
Especialistas en administración pública señalan que la elevación de montos y la redistribución de competencias pueden acelerar los tiempos de contratación, pero advierten que también exige reforzar los mecanismos de control interno y de auditoría para garantizar transparencia y trazabilidad en el uso de fondos públicos. El impacto de la reforma se irá verificando a medida que los organismos adapten sus manuales de procedimiento y comiencen a operar bajo las nuevas escalas.
