El Presidente apoyó la presentación judicial contra el conductor
NewsITe
El presidente Javier Milei salió públicamente a respaldar una denuncia penal presentada contra el periodista Tomás Rebord, a quien se lo acusa de haber realizado expresiones consideradas antisemitas durante un editorial en su programa. La presentación se tramita ante la Justicia porteña y reaviva el debate sobre los límites entre la libertad de expresión, el humor y los discursos de odio.
La denuncia fue impulsada por el abogado Jorge Monastersky ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en casos de discriminación y a cargo de la fiscal Andrea Scanga. Según surgió de la presentación, el eje del reclamo se centra en una serie de comentarios de Rebord sobre la comunidad judía y sobre el Muro de los Lamentos.
Monastersky sostiene que el periodista habría vinculado de manera irónica a personas judías con los incendios registrados en la Patagonia, en particular en la provincia de Chubut, y que ese encuadre, aunque presentado en tono humorístico, podría implicar la atribución de responsabilidades colectivas basadas en la religión. A la vez, consideró que las referencias burlonas al Muro de los Lamentos exceden la sátira y se transforman en un acto de estigmatización religiosa.
El apoyo de Milei y el rol de las entidades judías
Luego de que el abogado difundiera en redes sociales los detalles de la presentación, Milei compartió la publicación, etiquetó a la DAIA y agregó un breve comentario: “MASTERCLASS”. El gesto fue leído como un fuerte aval político a la denuncia y como un mensaje hacia las organizaciones de la comunidad judía, con las que el mandatario mantiene una relación cercana desde antes de asumir la presidencia.
En su escrito, Monastersky advirtió que este tipo de expresiones pueden banalizar el antisemitismo, alimentar prejuicios y fomentar climas de hostilidad o violencia hacia ciudadanos argentinos en función de sus creencias religiosas. El caso se inscribe en un escenario de creciente sensibilidad frente a discursos de odio y manifestaciones discriminatorias, tanto en los medios tradicionales como en las plataformas digitales.
La respuesta de Tomás Rebord y la discusión por la libertad de expresión
Tras conocerse la denuncia, Rebord respondió con fuertes críticas al oficialismo. Afirmó que la acción judicial busca disciplinar y callar voces críticas del Gobierno nacional, y enmarcó su situación en una supuesta avanzada contra comunicadores y periodistas que cuestionan la gestión de Milei.
En ese sentido, mencionó que no sería el único conductor alcanzado por presentaciones vinculadas con el actual Gobierno, y citó los casos de Jorge Rial, Mauro Federico, Ari Lijalad y Fabián Doman, entre otros. Para Rebord, se trata de un uso de la vía judicial con fines políticos, que pone en tensión el ejercicio de la libertad de expresión y la labor periodística.
El conflicto se originó en un editorial de su programa “Blender”, donde repasó hechos relevantes ocurridos desde diciembre. Al referirse a los incendios en la Patagonia, el conductor sostuvo irónicamente que “los judíos no tienen nada que ver en esto” y cuestionó, además, las reiteradas visitas de Milei a Israel y al Muro de los Lamentos, al sugerir que el Presidente experimenta una suerte de “éxtasis religioso” en cada viaje.
Qué puede pasar con la causa judicial
La causa quedó en manos de la fiscalía porteña, que deberá analizar el contenido del editorial, el contexto en el que fueron pronunciadas las frases y las pruebas aportadas por el denunciante. A partir de esa evaluación, la Justicia definirá si corresponde avanzar con una investigación más profunda o desestimar la denuncia.
El expediente reabre un debate recurrente en la esfera pública argentina: cómo trazar la frontera entre la crítica política, la sátira y el humor, por un lado, y los mensajes que, aun formulados en clave irónica, pueden ser interpretados como discriminatorios o incitadores al odio. Mientras tanto, el respaldo explícito de Milei y la respuesta desafiante de Rebord auguran que la controversia seguirá instalada en la agenda mediática y política.
“No se trata de censurar opiniones, sino de evitar que se naturalicen discursos que estigmatizan a una comunidad religiosa”, planteó el abogado denunciante en su presentación.
Con la intervención de la Justicia, el caso se convierte en un test para los criterios con los que se abordarán, en adelante, expresiones públicas vinculadas a minorías religiosas y a temas de alta sensibilidad social.
