El Presidente volvió a cargar contra periodistas y un canal de TV
NewsITe
El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo cruce con el periodismo al lanzar un duro ataque en redes sociales contra los periodistas Luciana Geuna y Rolando Barbano, y contra las autoridades del canal Todo Noticias (TN). En un mensaje cargado de descalificaciones, el mandatario los calificó de “delincuentes” y aseguró que habrían cometido un “delito grave”, aunque no especificó a qué hecho concreto hacía referencia.
El descargo presidencial, que comenzó con insultos y concluyó con un irónico “¡CIAO!”, se inscribe en un clima de fuerte tensión entre el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación que siguen de cerca la gestión libertaria. La virulencia del mensaje volvió a encender las alarmas en organizaciones de defensa de la libertad de expresión y en ámbitos periodísticos, que observan con preocupación la escalada verbal desde la Casa Rosada.
Este episodio se suma a una serie de medidas y declaraciones oficiales que son interpretadas como una estrategia de confrontación sistemática con la prensa. En las últimas semanas, el Gobierno dispuso el cierre de la histórica sala de periodistas de la Casa Rosada, restringiendo el acceso de cronistas acreditados y limitando los espacios de trabajo dentro de la sede gubernamental. Distintas asociaciones de prensa advirtieron que esta decisión atenta contra la transparencia y dificulta el control ciudadano sobre los actos de gobierno.
Los ataques verbales del Presidente hacia comunicadores y medios vienen siendo recurrentes desde el inicio de su administración. Milei ha tildado de “mentirosos” a periodistas que cuestionaron sus datos económicos y acusó de estar “ensobrados” a quienes investigan su entorno político y personal. Según referentes del periodismo nacional consultados por Noticias Argentinas, este tipo de retórica contribuye a degradar el debate público y alimenta campañas de hostigamiento en redes sociales contra trabajadores de prensa.
Preocupación por el impacto en la libertad de expresión
Organismos dedicados a la defensa de la libertad de prensa remarcan que, cuando las descalificaciones provienen de la máxima autoridad del Estado, pueden tener un efecto inhibidor sobre el trabajo periodístico. Señalan que el uso del aparato estatal —ya sea mediante restricciones de acceso a la información o a los espacios físicos de cobertura— para estigmatizar a voces críticas constituye un antecedente riesgoso para la democracia argentina.
En ese contexto, especialistas en comunicación política advierten que la confrontación constante con los medios no solo tensiona la relación con el ecosistema informativo, sino que también puede afectar el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y contrastada. Recuerdan que el periodismo cumple una función de control sobre los poderes públicos y que los cuestionamientos deben canalizarse por vías institucionales, no mediante ataques personales desde cuentas oficiales.
Reacciones del ámbito periodístico y desafíos por delante
- Asociaciones de prensa analizan emitir nuevos pronunciamientos en defensa del ejercicio profesional.
- Referentes del sector insisten en la necesidad de garantizar el acceso a la información pública y a los espacios de cobertura en la Casa Rosada.
“Han cometido un delito grave y deberían pagar por ello. El comportamiento de los involucrados luego de lo ocurrido muestra la malicia de los periodistas y la complicidad de las autoridades”, expresó Milei en su mensaje, sin aportar precisiones sobre el supuesto delito.
Mientras el Gobierno sostiene que sus embestidas contra determinados periodistas responden a una lucha contra las “fake news”, desde ámbitos académicos y organizaciones de derechos humanos insisten en que la respuesta a la desinformación debe darse con más datos, transparencia y debate, y no mediante descalificaciones o intentos de disciplinamiento. El escenario plantea, así, un desafío central para la convivencia democrática: sostener un clima en el que tanto el poder político como la prensa puedan cumplir sus roles sin recurrir a prácticas de hostigamiento ni restricciones indebidas.
