Milei avanza sobre los recursos de los gremios con la nueva reforma laboral
NewsITe
La implementación de la Ley de Modernización Laboral y su reglamentación encendió una alarma inédita en el movimiento obrero organizado. La Confederación General del Trabajo (CGT) observa con preocupación cómo el Gobierno de Javier Milei avanza sobre las históricas fuentes de financiamiento sindical, perforando lo que se conocía como la “caja” de los gremios y reduciendo sensiblemente los recursos que alimentaban estructuras, programas y fondos convencionales.
En los últimos días, dirigentes de distintos sindicatos comenzaron a recibir llamados de empresas que anticipan revisiones de los aportes que se destinaban a programas para jubilados, fondos solidarios y otros mecanismos de financiamiento establecidos en convenios colectivos. Muchos de esos acuerdos, que en algunos casos representaban hasta el 7% del salario bruto de los trabajadores en concepto de retenciones con destino a estructuras sindicales, quedaron ahora bajo la lupa de la nueva normativa.
El punto más sensible para las organizaciones gremiales es el tope del 2% a los aportes y contribuciones convencionales que los empleadores realizan sobre las remuneraciones de todos los trabajadores, afiliados y no afiliados, con destino a asociaciones sindicales u organismos creados por convenio. Por encima de ese límite, todo esquema de financiamiento deberá ser renegociado y homologado. Quedan por fuera de ese tope la cuota sindical de los afiliados y los beneficios especiales ligados a la afiliación, pero el margen financiero global se achica de manera drástica.
Fin de la ultraactividad plena y presión para renegociar convenios
La Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero y bajo la órbita del ministro Federico Sturzenegger, notificó formalmente a sindicatos y cámaras empresarias el inicio del procedimiento previsto en el artículo 137 de la Ley 27.802. En la práctica, esto implica la obligación de iniciar negociaciones para revisar, ratificar o adecuar convenios colectivos vencidos, con un fuerte sesgo contra la llamada ultraactividad, que permitía la continuidad de acuerdos aun después de expirado su plazo.
El Decreto 407/2026 refuerza esa línea: considera vencidos los convenios cuyo plazo original haya expirado, fija como referencia el 31 de diciembre de 2026 para aquellos sin fecha cierta de vencimiento, y ordena a Trabajo a activar el proceso de convocatoria en un plazo acotado. Así, las cláusulas obligacionales —aportes, contribuciones, fondos de capacitación, mutuales o institutos sectoriales— dejan de tener continuidad automática y solo seguirán vigentes si las partes las ratifican explícitamente.
Para los gremios, esto supone un golpe directo a la infraestructura construida durante décadas: obras sociales fortalecidas con aportes adicionales, fondos de programas sociales, cajas compensadoras y entes administrados por las organizaciones. Sectores como camioneros y comercio, que habían tejido complejos entramados de recursos, ya anticipan un fuerte impacto en sus tesorerías y en su capacidad de acción política y social.
Un nuevo escenario de poder para sindicatos y empresas
La reforma redefine la correlación de fuerzas en la negociación colectiva. Mientras el Gobierno presenta los cambios como una forma de aliviar cargas sobre el salario y transparentar los aportes, en el mundo sindical predomina la lectura de que un debilitamiento de las estructuras gremiales fortalece la posición de las empresas y del propio Ejecutivo. “Milei jugó una carta directa a los trabajadores. ¿Cómo explicamos que un sindicato más débil es funcional al gobierno de turno?”, reconoció en reserva un dirigente consultado.
- Tope del 2% a los aportes convencionales que financian estructuras sindicales.
- Fin de la ultraactividad para cláusulas obligacionales salvo acuerdo expreso.
- Revisión de fondos solidarios, programas de jubilados y entes sectoriales.
- Obligación de abrir paritarias para renegociar convenios vencidos.
La ultraactividad ahora solo ampara condiciones y beneficios directos del trabajador; los aportes institucionales para sindicatos deberán ser ratificados en cada negociación.
El oficialismo, que en la noche de la votación tejió puentes con sectores gremiales prometiendo moderación en la aplicación, acelera ahora la reglamentación y fuerza una nueva ronda de paritarias. En un mercado laboral con menor nivel de registro y sindicalización, la puja por los recursos se convierte en una pieza central de la disputa por el poder real entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos.
