Milei definió la nueva estructura de la Secretaría de Comunicación
NewsITe
El Gobierno nacional oficializó el nuevo organigrama de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, a cargo de Fabián Fernández, y avanzó así en la reestructuración del esquema comunicacional del Poder Ejecutivo. La decisión quedó plasmada en el Decreto 658/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La norma aprueba las estructuras organizativas de primer y segundo nivel de la Secretaría y redefine las áreas encargadas de la comunicación gubernamental, la relación con los medios y la supervisión de los medios públicos. El objetivo central es ordenar funciones, reasignar cargos y actualizar el nomenclador de funciones ejecutivas de la Administración Pública Nacional, sin aumentar la cantidad de unidades ni el gasto previsto en el presupuesto.
De acuerdo con el texto oficial al que tuvo acceso la prensa, la Secretaría de Comunicación y Medios queda organizada en cuatro subsecretarías: Coordinación Administrativa y Legal; Prensa y Actos de Gobierno; Comunicación y Medios Públicos; y Análisis y Planificación de Gobierno. Cada una concentra competencias específicas vinculadas con la gestión de la información estatal y la relación con la ciudadanía.
Cómo queda estructurada la Secretaría de Comunicación y Medios
La Subsecretaría de Coordinación Administrativa y Legal agrupa la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que incluye las direcciones de Dictámenes y Asuntos Contenciosos, y la Dirección General de Coordinación Administrativa, con las áreas de Compras y Contrataciones y de Administración Financiera. Esta pata del organigrama se orienta a respaldar la operatoria legal y presupuestaria de toda la Secretaría.
En paralelo, la Subsecretaría de Prensa y Actos de Gobierno concentra la Dirección Nacional de Prensa —con las coordinaciones de Gestión de la Información y de Articulación con Medios Provinciales—, la Dirección Nacional de Transmisiones Presidenciales —que integra las direcciones de Fotografía y de Producción y Difusión de Actos de Gobierno— y la Dirección Nacional de Contenidos Audiovisuales e Imagen Institucional de Gobierno. Desde allí se organizará la difusión cotidiana de la actividad presidencial y del resto del Ejecutivo.
La Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos, por su parte, supervisará la Dirección Nacional de Coordinación de Señales y Plan Estratégico Audiovisual y la Dirección de Seguimiento de Medios Públicos. Tendrá competencia sobre Radio y Televisión Argentina S.A.U., APE S.A.U. y Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U., es decir, sobre los principales medios estatales y sus líneas de producción.
Plataformas digitales y análisis de opinión pública
Otro eje relevante del nuevo organigrama es la Subsecretaría de Análisis y Planificación de Gobierno. En su órbita quedará la Dirección Nacional de Gestión de Canales Directos, encargada de administrar plataformas como Mi Argentina, el portal argentina.gob.ar y el asistente virtual TINA. Estas herramientas digitales se han convertido en canales clave para la comunicación directa del Estado con la ciudadanía.
Además, la Subsecretaría articula con la Dirección Nacional de Estudios Gubernamentales, dedicada a relevar y analizar opinión pública y a evaluar el impacto de las principales políticas oficiales. Ese seguimiento alimentará los diagnósticos internos del Gobierno para orientar campañas, mensajes y estrategias de comunicación.
El decreto también faculta al titular de la Secretaría de Comunicación y Medios a introducir cambios en la estructura de segundo nivel y a crear unidades inferiores, siempre que esas modificaciones no impliquen un aumento del número de cargos ni de partidas presupuestarias. De esta manera, se otorga un margen de flexibilidad administrativa, pero bajo el compromiso de no expandir el gasto.
La aprobación del nuevo organigrama completa la etapa de reorganización del área de comunicación presidencial iniciada en normas anteriores, aunque no supone, por sí sola, cambios inmediatos en la programación, el personal o la línea editorial de los medios públicos.
Con la publicación del decreto, el Gobierno avanza en la formalización de su esquema institucional de comunicación, en un contexto de fuerte centralidad de la narrativa oficial y de debate público sobre el rol, la financiación y la orientación de los medios estatales en la Argentina contemporánea.
