Javier Milei amplió el rol de las Fuerzas Armadas, autorizándolas a intervenir en seguridad interior y proteger objetivos estratégicos. Un decreto redefine amenazas externas, incluyendo terrorismo y crimen organizado.
El presidente argentino, Javier Milei, oficializó una reforma sustancial en el accionar de las Fuerzas Armadas mediante el Decreto 1112/2024, publicado el 20 de diciembre. La norma amplía significativamente las facultades de las fuerzas militares, permitiéndoles intervenir en asuntos de seguridad interior, un ámbito históricamente reservado a las fuerzas de seguridad nacionales.
Modificaciones clave
- Definición de amenazas externas: Ahora se consideran agresiones externas no solo las perpetradas por Estados extranjeros, sino también las ejecutadas por organismos paraestatales, organizaciones terroristas y transnacionales.
- Ámbitos de acción extendidos: Las Fuerzas Armadas podrán operar en el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior, además de los tradicionales ámbitos terrestre, aéreo y marítimo.
- Protección de objetivos estratégicos: La norma redefine como “objetivos de valor estratégico” cualquier bien o infraestructura cuya destrucción o daño afectaría gravemente la seguridad nacional. La designación de estos objetivos queda exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo.
- Colaboración con fuerzas de seguridad: Se habilita al Ministerio de Seguridad a solicitar apoyo militar en tareas de vigilancia fronteriza, emergencias, catástrofes naturales y adiestramiento operacional.
- Descentralización legislativa: A diferencia de las disposiciones anteriores, el nuevo decreto elimina la necesidad de intervención parlamentaria para definir objetivos estratégicos o autorizar ciertas operaciones militares.
Reacciones y debate público
El gobierno justificó la medida argumentando que el marco normativo previo estaba influido por un “sesgo ideológico” que limitaba la capacidad del Estado para enfrentar desafíos actuales, como el terrorismo y el crimen organizado. El ministro de Defensa, Luis Petri, respaldó la decisión, afirmando que fortalecerá la defensa de los intereses vitales de la nación.
Sin embargo, la norma despertó críticas de organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que advirtieron sobre el riesgo de una “militarización de la seguridad interior” y la posible vulneración de derechos civiles. Según el CELS, el decreto podría ser utilizado para criminalizar protestas sociales o proteger intereses económicos específicos, como los vinculados a recursos estratégicos.
Antecedentes
Esta reforma se suma a una serie de cambios en la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional, sancionada en 1988. La normativa fue reglamentada por primera vez en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, limitando la actuación militar a conflictos con Estados extranjeros. Posteriormente, Mauricio Macri y Alberto Fernández introdujeron ajustes que definieron enfoques más o menos restrictivos respecto al accionar militar en la seguridad interior.
Un giro estratégico
Con este decreto, el gobierno de Milei profundiza un cambio de paradigma en la política de defensa, enfatizando un rol ampliado de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y protección de infraestructura crítica. La decisión genera debate sobre los límites entre seguridad, defensa y derechos civiles en Argentina.