El Gobierno baja la marcha en el Congreso y recalibra su estrategia
NewsITe
Tras un febrero marcado por una actividad frenética en el Congreso, el oficialismo decidió pisar el freno y regular los tiempos legislativos. Luego de dos sesiones en Diputados, cuatro en el Senado y la Asamblea Legislativa, la Casa Rosada optó por una fase de enfriamiento para reordenar prioridades y planificar el año con una lógica más estratégica.
En la apertura del período ordinario, Javier Milei combinó una fuerte ofensiva verbal contra la oposición con un extenso listado de reformas que el Poder Ejecutivo pretende impulsar a lo largo de 2026. Sin embargo, el contraste entre aquel discurso y la quietud actual en ambas cámaras alimenta dudas sobre la viabilidad de avanzar, mes a mes, con decenas de proyectos como anunció el Presidente.
Uno de los casos más evidentes de este reacomodamiento es la reforma a la Ley de Glaciares. Pese a contar con media sanción del Senado, el tratamiento en Diputados se postergó para fin de mes, cuando se prevé una audiencia pública federal. Recién entre el 6 y el 10 de abril, aprovechando una agenda atravesada por feriados, se abriría una ventana real para retomar las sesiones con normalidad.
Glaciares, inversión y negociación con las provincias
La modificación de la Ley de Glaciares es una de las banderas que Milei planea exhibir ante inversores internacionales, especialmente en la “Argentina Week” en Nueva York. El objetivo de los gobernadores de las provincias cordilleranas es claro: flexibilizar las condiciones para la exploración y explotación de minerales críticos e hidrocarburos, con la expectativa de atraer grandes flujos de capital.
En ese contexto, el Gobierno nacional parece guardarse la sanción definitiva como carta de negociación. La posibilidad de habilitar o demorar el cambio normativo se convierte así en una pieza de presión política frente a las provincias interesadas en acelerar la llegada de inversiones vinculadas al litio, el cobre y otros recursos estratégicos.
Financiamiento universitario y pulseada con la oposición
Entre las iniciativas sensibles que sobrevuelan la agenda aparece la Ley de Financiamiento Universitario. El oficialismo quiere reemplazar la norma 27.795, aprobada por la oposición y hoy vigente, aunque resistida por el Ejecutivo. Para evitar conflictos judiciales que desordenen la ejecución presupuestaria, el Gobierno trabaja en su propio proyecto, con pautas de recomposición salarial más acotadas para el sistema universitario.
Llama la atención que Milei no mencionara este tema en su discurso ante la Asamblea Legislativa, lo que habilita especulaciones sobre eventuales replanteos internos. De todos modos, en el oficialismo admiten que el financiamiento educativo, junto con la llamada “libertad educativa”, seguirá siendo uno de los ejes ideológicos de la gestión.
Reforma electoral, partidos políticos y justicia
El Presidente sí dedicó espacio a la reforma electoral y del régimen de partidos políticos. Tras haber logrado el año pasado la boleta única en papel y la suspensión de las PASO, el Gobierno considera que 2026, año no electoral, es el momento para intentar un rediseño más profundo de las reglas de juego.
- Eliminación definitiva de las PASO como instancia obligatoria.
- Relajamiento de las restricciones al financiamiento privado de campañas.
- Supresión de espacios de publicidad obligatoria para los partidos en medios audiovisuales.
- Aumento de los pisos mínimos de representatividad para evitar los llamados “sellos de goma”.
A esto se suma el diseño de una reforma judicial amplia, potenciada por la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. En los planes oficiales figura la federalización de los juicios por jurados y cambios en el Código Penal, el Código Civil y Comercial, el Código Procesal y el Código Aduanero, además de una reforma tributaria que alivie la presión impositiva y leyes de desregulación para la industria y la producción primaria.
El parate de marzo no implica renuncia a las reformas, sino una apuesta a dosificar la ofensiva, administrar recursos políticos y elegir mejor las batallas parlamentarias, en un Congreso donde el oficialismo carece de mayorías propias.
Con un calendario cargado de anuncios pero un arranque de año más lento de lo prometido, la incógnita central es hasta dónde podrá avanzar el Gobierno en un Congreso fragmentado, mientras equilibra la necesidad de mostrar resultados con el riesgo de quemar toda la pólvora en un solo intento.
