El Gobierno inicia un duro reclamo internacional por la explotación en Malvinas
NewsITe
El Gobierno argentino anunció el inicio de un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a raíz del avance de proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, considerados por la Argentina como parte de su soberanía.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y ratificada por el propio Javier Milei a través de su cuenta de X, donde advirtió que, si en un plazo de dos semanas el Reino Unido no detiene la «explotación ilegítima» de los recursos en la zona, la Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para reclamar medidas urgentes.
Activación del mecanismo previsto en la ONU
Según informó la Casa Rosada, el mandatario instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a poner en marcha el mecanismo contemplado en el Anexo VII de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. La medida apunta especialmente al proyecto «Sea Lion», un plan de desarrollo petrolero en la Cuenca Malvinas Norte, y a eventuales nuevos permisos de exploración que pueda otorgar el Reino Unido en la Plataforma Continental Argentina.
El Gobierno recordó que la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce formalmente la existencia de una disputa de soberanía sobre las islas e insta a ambas partes a negociar, mientras que la Resolución 31/49 llama a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que alteren la situación de los territorios en conflicto.
Violación al derecho internacional y plazo de dos semanas
En ese contexto, el comunicado oficial califica la explotación unilateral de recursos en la zona como una violación al derecho internacional, que ocasiona un «perjuicio irreversible e irreparable» a los derechos soberanos de la Argentina sobre los archipiélagos y sus espacios marítimos.
Por ello, el Ejecutivo intimó formalmente al Reino Unido a que, en un plazo máximo de catorce días, adopte todas las medidas necesarias para frenar el desarrollo del proyecto «Sea Lion». En caso de que Londres desoiga el reclamo en ese lapso, la Argentina solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el propósito de preservar sus derechos mientras se sustancia el litigio de fondo.
Cruce diplomático por la respuesta británica
La administración de Milei también manifestó su «rechazo categórico» a la reacción británica luego del discurso del Presidente ante la Asamblea General de la ONU. En particular, cuestionó que el Reino Unido siga aludiendo a las islas como «Territorio Británico de Ultramar» y reivindicando el referéndum unilateral celebrado en 2013, en el que los habitantes del archipiélago se pronunciaron por la continuidad del vínculo con Londres.
- La Argentina enfatiza que esa consulta popular no cuenta con reconocimiento internacional.
- El Gobierno sostiene que tales actos no alteran la naturaleza de la disputa de soberanía.
- El reclamo argentino se apoya en resoluciones específicas de la ONU sobre descolonización.
Para la Casa Rosada, estas posiciones británicas no sólo no resuelven el conflicto, sino que contradicen el llamado de la comunidad internacional a encontrar una solución negociada y pacífica.
Operaciones aéreas bajo la lupa y mensaje final
En paralelo, el comunicado oficial informó que se iniciaron actuaciones administrativas, denuncias penales y gestiones diplomáticas de urgencia, tras detectarse operaciones aéreas no autorizadas de la empresa THALES UK LIMITED en la ruta Islas Malvinas–Punta Arenas, realizadas con una aeronave de matrícula británica.
«La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional», remarca el texto firmado por el Presidente.
Con esta ofensiva jurídica y diplomática, el Gobierno busca reposicionar el reclamo por la soberanía de las Malvinas en foros internacionales, al tiempo que intenta frenar el avance de proyectos hidrocarburíferos que considera ilegales y lesivos para los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
