El Gobierno gestiona una causa penal en EE.UU. por el caso YPF
NewsITe
El Gobierno de Javier Milei avanza con una ofensiva jurídica internacional para frenar las millonarias demandas contra la Argentina por la estatización de YPF. Según trascendió en las últimas horas, funcionarios de primera línea mantienen gestiones con autoridades de Estados Unidos para que el Departamento de Justicia de ese país abra una investigación penal sobre el ingreso, la administración y la salida de la familia Eskenazi y el Grupo Petersen de la petrolera.
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Las conversaciones, que se habrían realizado en reuniones reservadas con representantes vinculados al entorno del ex presidente Donald Trump, apuntan a que la Justicia estadounidense evalúe si existieron maniobras irregulares o hechos de corrupción en la compra del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen durante los gobiernos kirchneristas. La intención oficial es que una eventual causa penal en el exterior se convierta en un elemento clave para enfrentar las demandas civiles en los tribunales de Nueva York.
Para el Estado argentino, una denuncia que logre demostrar que la adquisición de ese paquete accionario tuvo un origen fraudulento podría servir para solicitar la nulidad o, al menos, el congelamiento de los reclamos económicos que reclaman miles de millones de dólares por la expropiación de la compañía. Se trata de uno de los frentes judiciales más sensibles para la economía nacional, por el impacto potencial en las reservas y en las cuentas públicas.
Contexto judicial y respaldo previo en Estados Unidos
La nueva estrategia del Gobierno se da en un escenario relativamente más favorable para la defensa argentina. Hace pocas semanas, la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó una sentencia de primera instancia que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares en concepto de indemnización por la estatización de YPF realizada en 2012. Ese revés para los demandantes abrió una ventana de oportunidad para reforzar los argumentos sobre posibles irregularidades en el origen mismo de la participación privada en la petrolera.
Además, la ofensiva diplomática y judicial de la Casa Rosada se apoya en antecedentes institucionales en Washington. El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos ya había emitido un memorándum en el que acompañó el reclamo de organizaciones de la sociedad civil argentina para que se investiguen presuntas anomalías vinculadas a la compra de acciones de YPF por parte del Grupo Petersen. Ese documento es interpretado en el Gobierno como una señal de que existe receptividad en el ámbito judicial y político norteamericano.
En paralelo, especialistas en derecho internacional y en litigios soberanos advierten que cualquier avance penal en Estados Unidos podría tener efectos directos sobre las causas civiles que se ventilan en Nueva York. Si se comprobara un esquema de corrupción o fraude en el ingreso de los Eskenazi a YPF, los jueces podrían revisar los fundamentos de las demandas o incluso limitar el alcance de los resarcimientos reclamados. Mientras tanto, la administración Milei presenta esta jugada como parte de una política más amplia para revisar decisiones económicas emblemáticas del kirchnerismo y reducir el riesgo financiero que afronta la Argentina en los tribunales del exterior.
