Michel exige respetar contratos del RIGI y alerta por juicios

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El diputado nacional entrerriano Guillermo Michel se desmarcó del sector del peronismo que impulsa la revisión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y advirtió que una eventual derogación sin contemplar el impacto jurídico podría derivar en una nueva ola de litigios contra la Argentina en tribunales internacionales.
En declaraciones radiales y a través de la red social X, el exdirector general de Aduanas sostuvo que el país debe honrar los compromisos asumidos con inversores privados y organismos multilaterales, y remarcó que cualquier cambio en las reglas de juego tiene que hacerse con extremo cuidado para evitar conflictos legales que afecten la ya frágil situación macroeconómica.
Michel recordó que el RIGI, aprobado durante la gestión de Javier Milei para atraer grandes proyectos de inversión, otorgó una serie de beneficios fiscales y cambiarios a las empresas que adhirieron al régimen. Entre ellos mencionó una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias, exenciones en derechos de importación y exportación y un marco cambiario más flexible para la repatriación de utilidades y el pago de deudas.
De acuerdo con el legislador, esos beneficios fueron otorgados bajo contratos específicos y con cláusulas claras de estabilidad, por lo que un cambio abrupto podría ser interpretado como violación de acuerdos por parte del Estado argentino. En ese marco, recordó que muchos de esos contratos contemplan la posibilidad de recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) u otros foros arbitrales.
Riesgo de repetir conflictos judiciales del pasado
El diputado advirtió que una marcha atrás generalizada con el RIGI podría colocar a la Argentina en una situación similar a la que se vivió tras la crisis de principios de los 2000, cuando la reversión de privatizaciones y cambios contractuales desencadenaron una catarata de demandas internacionales. “No podemos volver a meter al país en marañas interminables de reclamos judiciales”, insistió.
Michel subrayó que, a diferencia de aquella etapa, hoy existen proyectos de inversión de gran escala ya en marcha o en proceso avanzado de estructuración, con compromisos asumidos tanto por compañías multinacionales como por empresas de capital mixto. Mencionó especialmente el caso de YPF, con participación estatal pero también con accionistas privados que exigen previsibilidad y respeto de las garantías legales.
- Cumplimiento de contratos con bonistas privados como “principio básico” del orden macroeconómico.
- Respeto del acuerdo con el FMI, que Michel propone analizar en clave técnica y política.
- Advertencia sobre el impacto de revisar el RIGI en términos de seguridad jurídica para futuras inversiones.
Debate interno en el peronismo y continuidad del Estado
Las definiciones de Michel se inscriben en la discusión abierta dentro del peronismo no kirchnerista sobre hasta dónde avanzar en la reversión de las reformas económicas impulsadas por Milei. Mientras un sector propone “tirar abajo” el RIGI, otros dirigentes, como el diputado entrerriano, reclaman una estrategia más gradual y técnicamente fundada.
En ese sentido, el legislador hizo hincapié en el principio de continuidad del Estado, más allá de los cambios de gobierno. “Hay que tomar real dimensión del entramado jurídico que está dejando Milei”, planteó, y llamó a actuar con “sofisticación y cuidado” antes de impulsar aumentos de impuestos o eliminación de regímenes de promoción que puedan disparar reclamos por trato discriminatorio o ruptura de estabilidad fiscal.
“La Argentina tiene que respetar los contratos y en particular cumplir con los bonistas privados, principio básico del orden macroeconómico”, afirmó Michel, marcando distancia de las posturas que promueven una ruptura generalizada con los marcos legales vigentes.
El debate por el futuro del RIGI y otros esquemas de incentivo a la inversión promete seguir ocupando un lugar central en la agenda económica y política, en un contexto en el que la necesidad de atraer capitales convive con las críticas opositoras al rumbo del Gobierno nacional.

