“Es terrible”. Dijo Anabel Longinotti, integrante de la Mesa de la Memoria por la Verdad y la Justicia de San Nicolás. Respecto del desmantelamiento del área del Gobierno Nacional de investigación de desapariciones en la última dictadura. Por otro lado, celebró la decisión de Kicillof de crear una unidad provincial para la búsqueda de personas apropiadas.
De la Redacción de EL NORTE
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Esta semana, el Ministerio de Justicia informó que se cerró la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Desaparición de Niños durante la última dictadura militar, que formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Por considerar que sus objetivos ponían en riesgo la división de poderes que establece la Constitución Nacional.
Al respecto, Anabel Longinotti, integrante de la Mesa de la Memoria por la Verdad y la Justicia de San Nicolás, dijo a través de Radio U que “están ocurriendo cosas que son dolorosas y preocupantes”. Entre ellas, mencionó la visita de los diputados de La Libertad Avanza a los genocidas en la cárcel, “eso parece que no amerita una sanción”. Lamentó. Y agregó que “hay cuestiones institucionales que deben ser respetadas” y que “es muy raro cómo se instalan algunos valores y se desinstalan otros”.
Con relación a la decisión nacional de cierre de la UEI, indicó “acá hay una lógica de destrucción de lo construido; no de mejoramiento, sino de destrucción de lo construido”. Por su parte, el comunicado del Gobierno argumenta que la unidad “violentaba el régimen constitucional” de división de poderes. Ya que llevaba a cabo “funciones propias del Poder Judicial” desde el Ejecutivo. “Violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos”, asegura el texto.
Argumentación y cuestionamiento
La CONADI, creada en 1992, se dedica a buscar niños desaparecidos y nacidos de madres en cautiverio que fueron apropiados. En 2004, la UEI fue añadida para agilizar estas búsquedas y ayudar a la Justicia en la reconstrucción del pasado argentino, mediante el esclarecimiento de los crímenes del Estado y la restitución de la identidad de las personas afectadas.
De acuerdo con lo expresado por Ministerio de Justicia, la unidad avasallaba la competencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. “Esta superposición es un grave atropello a nuestra Carta Magna, que no va a ocurrir nunca más bajo este Gobierno”, expresa. En este sentido, Anabel Longinotti cuestionó que con ese criterio “entonces no vale la CONADEP, no vale la unidad contra la corrupción. No valen un montón de unidades de investigación que están por fuera del Ministerio Público Fiscal”.
En tanto, la provincia de Buenos Aires se mostró con planes opuestos a lo manifestado por Nación. Así lo expresó el gobernador Axel Kicillof en su cuenta de X, cuando escribió que “seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo”.
En ese sentido, Longinotti sostuvo que “es una buena señal que da el gobierno de la provincia porque suma solución a algo que a nosotros se nos escapa de las manos y nos ofrece una posibilidad”. El gobernador detalló que la labor del Estado bonaerense estará coordinada con la Justicia federal. Y que su eje central será “profundizar las políticas de memoria, verdad y justicia”.
La creación de la unidad provincial no es un empezar de cero para el Estado bonaerense, ya que la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene dos políticas transversales acerca de la restitución de identidad. Por un lado, a partir de un convenio con el equipo de Antropología Forense y un convenio con el Ministerio de Salud. El área conducida por Matías Moreno recibe muestras de familiares de desaparecidos. Que son llevados al equipo de Antropología Forense para tratar de vincularlas con restos óseos de personas detenidas y desaparecidas que todavía no han podido ser identificadas.
Otra de las políticas es que la nueva oficina provincial anunciada por Kicillof absorberá muchos de esos roles que tenía la UEI nacional que fue desmantelada. Y también requerirá documentación de los organismos provinciales para garantizar el acceso y la preservación de la misma. Además de que articulará con las diferentes autoridades judiciales para solicitar información.