La Legislatura mendocina removió a Janina Ortiz tras una condena por corrupción
NewsITe
La Cámara de Diputados de Mendoza resolvió este lunes la expulsión de la legisladora del Partido Demócrata (Unión Mendocina) Janina Ortiz, luego de que la dirigente admitiera su responsabilidad en el desvío millonario de fondos municipales cuando se desempeñaba como secretaria de Gobierno de Las Heras. La decisión se tomó por unanimidad, en una sesión en la que se remarcó la gravedad institucional de los hechos.
Ortiz fue condenada a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de una causa conocida en la provincia como el “escándalo de las cooperativas fantasma”. La ex diputada confesó los delitos de peculado y uso de documento público apócrifo y aceptó un juicio abreviado para evitar una pena de cumplimiento efectivo.
La destitución se apoyó en el artículo 91 de la Constitución de Mendoza, que faculta a cada cámara a corregir, suspender o incluso excluir a cualquiera de sus miembros por «indignidad» o «desorden de conducta» en el ejercicio de sus funciones. Con la condena ya firme, la Cámara baja consideró que estaban dadas las condiciones para avanzar en la remoción definitiva de la legisladora, cuya banca se encontraba suspendida desde marzo de 2024.
El caso de las cooperativas fantasma en Las Heras
La investigación judicial reconstruyó un esquema de desvío de fondos públicos a través de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada. Entre 2021 y 2023, el Municipio de Las Heras transfirió más de 35,5 millones de pesos a esa entidad para supuestas tareas de mantenimiento que, según comprobó la causa, nunca se realizaron.
Durante ese período, el intendente de Las Heras fue Daniel Orozco, pareja de Ortiz, quien también resultó condenado en el mismo expediente. En los ocho años que se extendió la gestión de Orozco (2015-2023), Ortiz ocupó el cargo de secretaria de Gobierno, una de las áreas con mayor capacidad de decisión dentro del municipio y clave en el manejo de contrataciones y fondos.
Condena judicial, juicio abreviado y reclamo salarial
Frente al avance de la causa y la posibilidad de recibir una pena de prisión efectiva, tanto Ortiz como Orozco optaron por reconocer los hechos y acordar con la Fiscalía un juicio abreviado. El juez interviniente homologó el acuerdo, fijando penas en suspenso pero con inhabilitaciones de por vida para ocupar cargos públicos, un aspecto que tuvo fuerte impacto político.
En paralelo, la ex diputada sostiene un reclamo judicial contra el Estado mendocino para que se le paguen los 31 haberes de la dieta legislativa –más los intereses– que dejó de percibir desde su suspensión sin goce de sueldo en marzo de este año. El planteo abre un nuevo frente de conflicto y podría derivar en otra controversia institucional si la Justicia le diera la razón.
- Ortiz fue expulsada por unanimidad tras su condena por peculado.
- Se comprobó el desvío de más de 35,5 millones de pesos en Las Heras.
- La inhabilitación es perpetua para ejercer cargos públicos.
- La ex diputada reclama el pago de 31 haberes legislativos.
La Constitución mendocina permite excluir a legisladores por «indignidad» o «inhabilidad moral sobreviniente», fundamento central del fallo político contra Ortiz.
Con la decisión de la Cámara de Diputados, el caso suma un capítulo político al escándalo judicial que sacude a la dirigencia mendocina. La expulsión de Ortiz y la condena a Orozco reavivan el debate sobre los controles en el uso de fondos públicos y el alcance de las sanciones a los funcionarios involucrados en hechos de corrupción, en una provincia que busca dar señales de tolerancia cero frente a estos delitos.
