Melella presiona a la Legislatura con un polémico fondo educativo
NewsITe
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, activó un mecanismo de urgencia legislativa que pone a la Legislatura provincial ante una cuenta regresiva de 30 días para rechazar su proyecto de financiamiento educativo. Si el cuerpo no lo desestima dentro de ese plazo, la iniciativa quedará automáticamente aprobada, aun sin un voto afirmativo expreso.
El texto, ingresado como Asunto 519/26, fue remitido por el Poder Ejecutivo bajo el paraguas del artículo 111 de la Constitución provincial, que habilita este tipo de trámite acelerado. El punto más controvertido no sólo es la escasa ventana para el debate, sino también la creación de nuevas cargas tributarias para nutrir un fondo destinado al sistema educativo fueguino.
Según trascendió, el proyecto no se limita a reasignar recursos ya existentes, sino que suma impuestos específicos y utilidades de empresas públicas. Entre las medidas centrales figura un adicional del 3% en el impuesto a los Ingresos Brutos sobre las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego, eliminando una exención prevista hasta ahora en el Código Fiscal. A su vez, se fija una alícuota del 3,4% para una actividad vinculada con la distribución de gas natural, lo que encendió alertas por un posible impacto en tarifas.
El fondo también podría recibir el 0,5% de la recaudación general de Ingresos Brutos —por fuera del esquema de coparticipación con los municipios—, hasta el 40% de los recursos adicionales derivados de cambios en alícuotas, bases imponibles o revalúos del impuesto inmobiliario, y hasta el 10% del remanente distribuible de las empresas provinciales. Se trata, en los hechos, de una reconfiguración de la estructura tributaria provincial con afectación específica a educación.
Emergencia docente y destino de los nuevos recursos
La administración de Melella presenta el proyecto como una respuesta de largo plazo a la emergencia salarial docente y al reciente conflicto gremial que mantuvo las aulas paralizadas durante semanas en la provincia más austral del país. La iniciativa fija criterios de asignación: al menos el 50% del fondo deberá destinarse a salarios, un mínimo del 25% a mantenimiento, servicios e infraestructura escolar, y no menos del 15% a equipamiento, tecnología y herramientas didácticas.
El Gobierno provincial sostiene que los recursos serán complementarios a los fondos educativos ya existentes y que permitirán, en un horizonte de hasta cinco ejercicios, avanzar hacia un nivel de inversión equivalente al 7,8% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de Tierra del Fuego. Esa meta, no obstante, queda atada a la evolución económica y a la efectiva disponibilidad de fondos.
Resistencia política y dudas sobre el impacto
La modalidad elegida por el Ejecutivo generó resistencias dentro de la propia Legislatura. El legislador Matías Lapadula adelantó que pedirá una sesión especial para retirar la urgencia y que el proyecto siga el recorrido habitual por comisiones. Cuestiona que un esquema impositivo e institucional pensado para varios ejercicios se sancione sin un debate amplio y sin estudios de impacto detallados.
- Alza de Ingresos Brutos para el Banco de Tierra del Fuego.
- Nueva alícuota sobre la actividad de distribución de gas natural.
- Desvío de parte de la recaudación general de Ingresos Brutos al fondo educativo.
- Participación de utilidades de empresas provinciales en el financiamiento.
Lapadula advirtió que el incremento de la carga sobre el gas podría trasladarse a hogares, comercios e incluso a la generación eléctrica, aunque por ahora se trata de una posición política y no de una estimación oficial del impacto tarifario.
Con el reloj institucional en marcha, la discusión promete tensar la relación entre el Ejecutivo fueguino y la Legislatura, en un contexto en el que la mejora del financiamiento educativo aparece como objetivo compartido, pero el camino para alcanzarlo abre un fuerte debate sobre presión tributaria, transparencia y calidad del gasto público.
