La medida fue dispuesta en el marco de la investigación que apunta a posibles responsabilidades de organismos públicos por el opioide adulterado, que ya provocó al menos 96 muertes.
El teléfono de Nélida Agustina Bisio, directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), fue secuestrado. La retención del móvil se dio en medio de la investigación paralela por el fentanilo contaminado. La medida busca determinar la eventual implicancia de organismos públicos en la circulación del opioide adulterado. La sustancia, producida en Laboratorios Ramallo y distribuida en distintos centros sanitarios del país, dejó al menos 96 fallecidos.
Según informó La Nación, la medida fue dispuesta este lunes en el marco de la pesquisa que encabeza la fiscal federal Laura Roteta. La funcionaria judicial investiga la posible injerencia de la ANMAT en la trama del fentanilo, que además pone bajo la lupa al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y al Ministerio de Salud, que desistió de ser querellante en la causa.
ANMAT y organismos en la mira
El caso también involucra al INAME, donde tras conocerse la posible vinculación de su titular, Gabriela Mantecón Fumadó, se resolvió su apartamiento. Para la fiscal Roteta, los organismos actuaron con “negligencia, connivencia o complicidad” en los procesos e inspecciones realizadas a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., vinculados a Ariel García Furfaro.
Las sospechas alcanzan además al Ministerio de Salud, que decidió retirarse como querellante. La fiscalía investiga si existió falta de control en los procedimientos que permitieron la salida al mercado del fentanilo adulterado.
Avance de la investigación judicial
La causa continúa con indagatorias en curso y definiciones pendientes sobre las situaciones procesales de los imputados. A la vez, los investigadores trabajan en la comprobación de nuevos casos, aunque la información disponible es fragmentada y dificulta la tarea.
El secuestro del teléfono de Bisio se inscribe en esta línea de investigación y busca precisar qué nivel de conocimiento o participación pudieron haber tenido las autoridades regulatorias en el circuito del opioide contaminado.
