Proyecto de Máximo Kirchner para gravar la salida de capitales
NewsITe
El diputado nacional Máximo Kirchner presentó en el Congreso un proyecto de ley para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital, un nuevo gravamen que apunta a las operaciones que impliquen la salida de fondos del país. La iniciativa prevé una alícuota general del 3% y contempla un adicional para los casos en que el dinero se transfiera hacia jurisdicciones consideradas de baja o nula tributación.
De acuerdo con el texto del proyecto, el impuesto se aplicará a “toda operación que implique la salida efectiva de capitales del país, ya sea en forma de divisas, valores negociables o activos virtuales, realizadas de manera directa o indirecta por los sujetos alcanzados”. El objetivo central es establecer un mecanismo de compensación frente a la fuga de capitales que, según el legislador, afecta las reservas internacionales, el financiamiento del Estado y profundiza la desigualdad estructural.
Kirchner argumenta que “cada dólar, acción o activo digital que se traslada fuera del territorio nacional sin generar inversión, empleo ni valor agregado, representa una pérdida de capacidad soberana”. En ese marco, el proyecto busca que una parte de esos recursos potenciales pueda canalizarse hacia obras y programas sociales en todo el país, con foco en salud, educación, infraestructura y protección social.
Cómo se distribuirían los fondos recaudados
La iniciativa detalla un esquema de reparto de la recaudación que, de aprobarse, se asignaría de la siguiente forma:
- 60% para provincias y municipios, destinado a obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, así como a recomposición salarial en salud y educación.
- 10% para programas de salud y discapacidad.
- 10% para el sistema de educación.
- 10% para jubilaciones y pensiones.
- 10% para medicamentos y atención médica de PAMI.
Según los cálculos difundidos por el líder de La Cámpora, el impuesto permitiría recaudar un piso de 2,89 billones de pesos. Esa cifra equivale, de acuerdo con la comparación planteada por el propio legislador, a unas diez veces el monto que se envió en 2025 a las provincias en concepto de transferencias de capital.
Alícuota adicional y exclusiones previstas
El proyecto incorpora, además de la tasa general del 3%, una alícuota adicional del 2% cuando las transferencias se dirijan hacia destinos catalogados como “de baja o nula tributación”. Con esto, el gravamen podría alcanzar hasta un 5% en esas operaciones específicas, con el propósito de desalentar la radicación de fondos en paraísos fiscales.
El texto también precisa una serie de exclusiones, con el fin de evitar que el impuesto recaiga sobre operaciones vinculadas al ahorro local o la actividad productiva. Quedan fuera del alcance del tributo:
- La tenencia de dólares de residentes argentinos.
- El consumo cotidiano, el ahorro interno y la inversión productiva en el país.
- Las compras de bienes que ingresen regularmente a la Argentina como importaciones genuinas, documentadas y trazables.
- La compra de dólares, bonos, Cedears o fondos, siempre que los activos permanezcan en el territorio nacional.
Desde el entorno del diputado subrayan que la propuesta busca reforzar las cuentas públicas y financiar políticas sociales, sin gravar el consumo interno ni las inversiones productivas.
En un contexto de fuerte tensión fiscal y caída de las transferencias nacionales a las provincias —las automáticas se redujeron un 8,4% en términos reales entre 2023 y 2025, y las no automáticas un 72,8%— el debate sobre este nuevo impuesto promete abrir una nueva discusión política y económica en el Congreso y entre las jurisdicciones provinciales.
