El diputado nacional, junto a Sergio Palazzo y Wado de Pedro, apoyará la denuncia de trabajadores que exigen la reincorporación de quienes fueron despedidos.
Los diputados nacionales Máximo Kirchner, Sergio Palazzo y el senador Eduardo “Wado” de Pedro impulsarán una audiencia entre el Ministerio de Trabajo bonaerense y los trabajadores despedidos de Georgalos. La iniciativa surge tras una denuncia presentada por empleados que exigen su reincorporación. El reclamo apunta a que la cartera laboral intervenga ante lo que consideran despidos injustificados. La reunión entre las partes podría concretarse en los próximos días.
Los trabajadores fueron recibidos este miércoles en el Congreso por los legisladores de Unión por la Patria. Tras el encuentro, aseguraron haber sido “apoyados” en su reclamo. Además, informaron que los funcionarios “arbitrarán los medios” para concretar la reunión con el Ministerio. La cartera está a cargo del ministro Walter Correa.
En la denuncia, los empleados pidieron que se declare la ilegalidad de los despidos. También reclamaron que se utilicen todas las herramientas legales para su reincorporación. Señalaron que el Ministerio tiene facultades para frenar estas medidas empresariales. Exigen acciones concretas contra Georgalos.
Los trabajadores recordaron que el derecho a huelga está amparado por la Constitución Nacional. Por ese motivo, afirmaron que no puede usarse como causal de despido. Reclamaron la nulidad de todas las cesantías vinculadas a medidas de fuerza. Según denunciaron, en este caso se violó ese principio.
Desde el oficialismo señalaron que la empresa será sancionada por violar la conciliación obligatoria. Sin embargo, los trabajadores piden que se atienda “la causa de fondo”. Sostienen que los despidos son ilegales y que eso debe corregirse. Las multas no alcanzan, remarcaron.
Uno de los despedidos es Diego Ciani, quien participó del paro convocado por el Sindicato de la Alimentación. Según explicó, fue echado por acatar esa medida gremial. Cuestionó a la empresa y apuntó contra la falta de intervención firme del Estado. Su caso representa el reclamo colectivo.
“El Ministerio tiene las herramientas para hacer cumplir la ley y devolvernos nuestros puestos”, declaró Ciani. Señaló que, hasta ahora, Georgalos actuó sin consecuencias. “El Ministerio prometió una multa, pero debe declarar ilegales los despidos”, concluyó. Reclamó sanciones más duras y medidas efectivas.
