Máximo Kirchner impulsa un nuevo marco para la deuda con el FMI
NewsITe
El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que apunta a cambiar de raíz la forma en que la Argentina negocia y aprueba los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La iniciativa busca que cada entendimiento que el Poder Ejecutivo firme con el organismo multilateral deba contar con una ley específica del Congreso, con detalles sobre el monto, el plazo y el destino de los fondos.
El texto ingresó casi en simultáneo con el arribo al país de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visita Buenos Aires para desarrollar una agenda de trabajo con el gobierno de Javier Milei. En ese contexto, el kirchnerismo intenta reinstalar el debate sobre la transparencia, los controles y los límites al endeudamiento externo.
El proyecto, que contempla 22 artículos, cuenta con el acompañamiento de otros 15 diputados de Unión por la Patria, entre ellos Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Agustín Rossi y Sergio Palazzo, entre otros. La propuesta deroga la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y la reemplaza por un régimen más amplio, que busca declarar “nulos de nulidad absoluta” los acuerdos que condicionen la regulación de movimientos de capitales en el país.
Qué establece el proyecto de ley
La iniciativa fija que toda operación de crédito con organismos financieros internacionales tenga una ley particular, donde se detalle el tipo de deuda a contraer, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el uso específico de los recursos. A la vez, prohíbe expresamente recurrir a Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para aprobar o modificar este tipo de compromisos.
El texto apunta de manera directa al DNU 179/2025, mediante el cual el actual Gobierno instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por el equivalente a unos 20.000 millones de dólares sin el tratamiento del Congreso. De aprobarse la nueva ley, ese tipo de decisiones podría ser revisado, declarado nulo en el derecho interno y cuestionado en el plano internacional, con sanciones políticas y responsabilidad para los funcionarios intervinientes.
Principios, controles y rol del Congreso
El articulado se apoya en una serie de principios: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda en función de la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo. En esa línea, sostiene que, si el propio FMI incumple sus reglas o habilita programas con motivación política, la responsabilidad de las consecuencias debe ser compartida.
- Corresponsabilidad en los programas con el FMI y revisión de antecedentes, como el acuerdo de 2018.
- Reconocimiento de la facultad del Banco Central para aplicar controles de capital y límites a la formación de activos externos.
- Prohibición de cláusulas que impliquen desmantelar regulaciones financieras internas, bajo pena de nulidad total.
- Creación de una Comisión Bicameral Permanente para el seguimiento de la relación con organismos internacionales.
El proyecto refuerza las atribuciones del Banco Central de la República Argentina para fijar encajes sobre pasivos externos y administrar los flujos de capital, y veda que los acuerdos con el FMI obliguen a desarmar tales regulaciones. Para esto, apela al artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que permite alegar la nulidad de ciertos compromisos cuando vulneran normas internas de jerarquía superior.
Reforma del FMI y endeudamiento futuro
Además de la mecánica interna, la propuesta instruye al Poder Ejecutivo a impulsar una reforma del Convenio Constitutivo del FMI, con cuatro ejes centrales: transformar en obligación los controles de capital previstos en el artículo VI cuando haya fuertes salidas de divisas; crear una “Facilidad de Recuperación Soberana” para estirar plazos de pago a entre 20 y 30 años, con varios años de gracia y sin sobrecargos; habilitar períodos de recompra diferenciales para países con restricción externa estructural; y reconocer de manera explícita el caso argentino como exposición excepcional con fallas sistémicas del organismo.
El proyecto establece que el Congreso deberá ratificar o rechazar el programa vigente con el FMI en un plazo de 90 días, y que cualquier nueva ampliación o modificación requerirá una ley específica.
En materia de endeudamiento externo, la iniciativa fija que los límites se calculen en función de los gastos primarios y corrientes del Estado. Superar esos topes solo será posible con una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras, salvo situaciones extraordinarias como una emergencia económica aprobada por ley, una catástrofe natural o un conflicto bélico. Asimismo, se dispone que la norma solo podrá modificarse o derogarse con mayoría absoluta de todos los miembros del Congreso, con el objetivo de blindar el nuevo esquema frente a eventuales cambios de signo político en el poder.
La discusión legislativa sumará un nuevo capítulo a la extensa y polémica relación de la Argentina con el FMI, en un escenario de fuertes tensiones por el ajuste fiscal, la recesión y la necesidad de dólares para sostener la estabilidad macroeconómica.
