Durante la mañana de este martes se realizó la audiencia pidiendo la morigeración de la medida de prisión preventiva. Maximiliano Cabaleyro junto a su abogado defensor solicitaron la prisión domiciliaria por razones de salud
De la redacción de EL NORTE
La audiencia que pretende morigerar la medida coercitiva impuesta a Maximiliano Cabaleyro se realizó durante la mañana de este martes en el Juzgado de Garantías Nº 3. El abogado defensor Mauricio Gugger, junto al imputado, expuso las razones por las que solicitan que la prisión preventiva que viene cumpliendo en la Unidad Penitenciaria local sea convertida en prisión domiciliaria monitoreada. Los fundamentos del pedido estarían basados en cuestiones de salud y en la incapacidad del servicio carcelario para atender las necesidades especiales de Cabaleyro.
Desde el lado opuesto, la fiscalía a cargo de María del Valle Viviani, tratará de desestimar los argumentos y de probar la inconveniencia del otorgamiento de la medida. A partir de la realización de la audiencia, donde cada una de las partes expuso sus razones para sostener posturas antagónicas, la Magistrada a cargo del Juzgado de Garantías Nº3 María Eugenia Maiztegui tendrá 5 días hábiles para decidir la cuestión planteada.
El otro gremialista implicado en la causa por extorsión, Fernando Espindola, había solicitado una medida similar que le fue denegada en el mes de agosto. Ambos pedidos fueron interpuestas casi a la par pero la audiencia de Cabaleyro se demoró debido a la espera de estudios médicos que debían incorporarse a los elementos de prueba.
Reiteración del pedido
Las solicitudes de conversión de la prisión preventiva hacia una medida alternativa domiciliaria habían sido nuevamente interpuestas luego de que la Cámara de Casación anulara la prisión domiciliaria con la que el juez de Garantías Román Parodi había beneficiado a los sindicalistas de camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos acusados de “pedir coimas para dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución.
El Juzgado debía retomar desde cero el planteo de prisión domiciliaria elevado por la Defensa de los sindicalistas y otorgar a la Fiscalía la posibilidad de oponerse. Respecto de Espindola la defensa había aducido que el imputado padecía diabetes y que las condiciones de detención agravarían su estado, Viviani se opuso a la morigeración y pidió que el acusado permanezca en prisión. La jueza Maiztegui en su decisión dada a conocer a mediados de agosto no hizo lugar al pedido de arresto domiciliario en beneficio de Espíndola que había sido nuevamente interpuesto.
La imputación
Los sindicalistas del gremio de Camioneros, Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro están detenidos desde el 8 de abril pasado, en el marco de una causa que comenzó cuando los propietarios de la empresa Rey Distribución los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”. Están imputados de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico, un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión.