El senador bonaerense destacó que la ley de Emergencia en Discapacidad es una respuesta contundente a la crisis y cuestionó el veto presidencial. También sostuvo que limitar los DNU fortalece la división de poderes.
El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, respaldó la ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso convirtió en norma pese al veto presidencial. “No hay contradicción entre cuidar las cuentas públicas y garantizar derechos básicos”, afirmó durante la sesión en la Cámara alta.
Abad recordó que la ley había sido sancionada el 10 de julio con amplia mayoría. “El veto me dejó atónito: nos piden que señalemos recursos cuando hace dos años que no presentan Presupuesto”, remarcó. Además, denunció que las prestaciones vinculadas a discapacidad están atrasadas más de un 70% respecto a la inflación, lo que afecta gravemente a instituciones, profesionales y familias. “Con esta ley, el Congreso atiende un reclamo transversal de la sociedad y se pone del lado de los más vulnerables”, agregó.
El legislador radical también envió un mensaje de apoyo a la prensa. “La transparencia, la honestidad y la libertad de prensa no se negocian. Así funciona una república, con división de poderes y contrapesos institucionales”, sostuvo.
En cuanto al impacto de la normativa, Abad destacó que la ley permitirá fortalecer la Agencia Nacional de Discapacidad y garantizar la continuidad de las prestaciones. “Se trata de un paso clave para que las personas con discapacidad tengan la calidad de vida que merecen”, subrayó.
Limitación del uso de los DNU
El senador también defendió el proyecto que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). “La reforma que impulsamos es un paso esencial para normalizar la relación entre los poderes de la república, porque recupera el carácter excepcional de los DNU, tal como establece el artículo 99 de la Constitución Nacional”, indicó.
Abad criticó la práctica de gobernar a través de decretos. “Es una anomalía jurídica que la excepción sea la regla: los DNU pasaron de ser una vía extraordinaria a convertirse en el manual de uso cotidiano. Con este proyecto instamos al Poder Ejecutivo —al actual y a los que vendrán— a no tomar atajos”, aseguró.
Además, planteó la necesidad de mayor transparencia: “Seamos razonables. Apartarse del procedimiento habitual de las leyes debe implicar mayores exigencias. Cuando un Gobierno manda un DNU debe trabajar para mantener su vigencia, dar explicaciones y convencer a todos los sectores”.
Por último, vinculó la iniciativa con la seguridad jurídica: “Pregúntenles a los inversores extranjeros o a nuestros socios comerciales si les da igual que acá se gestione a tiro de decreto o prefieren la seguridad jurídica de las leyes. Las reglas claras construyen democracias duraderas”. Y concluyó: “La acumulación de poder habilita hegemonías frágiles. Las reglas claras construyen democracias duraderas. Yo no tengo dudas de dónde estoy parado”.
