Máxima tensión en Paraguay: trasladan a Peña a un regimiento

Tensión política en Paraguay: Peña, bajo resguardo militar

Protestas y operativo de seguridad en la residencia de Santiago Peña en Asunción

NewsITe

La crisis institucional que atraviesa Paraguay sumó un episodio de altísima tensión durante la madrugada de este sábado, cuando el expresidente Santiago Peña fue trasladado de urgencia desde su vivienda en el barrio Santísima Trinidad, en Asunción, hacia el Regimiento Escolta Presidencial (REP). La decisión fue adoptada por las autoridades militares y policiales ante un fuerte clima de hostilidad y protestas masivas en las inmediaciones de su domicilio.

De acuerdo con fuentes oficiales, el movimiento tuvo como objetivo resguardar la integridad física del exmandatario, investigado en el marco de la causa penal N.° 92/2026 por presuntos delitos económicos. El operativo se concretó horas antes de la declaración indagatoria prevista para este sábado a las 11 ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.

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La salida de Peña de su residencia estuvo rodeada de escenas de tensión y descontrol. Un numeroso grupo de manifestantes superó el dispositivo de seguridad y lanzó piedras, huevos y otros objetos contundentes contra los vehículos blindados que integraban la comitiva oficial. En paralelo, la Policía Nacional intentó sostener un cordón perimetral que se vio rápidamente desbordado por la multitud.

La indignación ciudadana se encendió luego de conocerse que la Fiscalía General había resuelto inicialmente una reclusión bajo la modalidad de arresto domiciliario. Vecinos del barrio La Piedad, junto con ahorristas afectados por el escándalo financiero, se concentraron frente a la vivienda para denunciar lo que calificaron como un “trato especial” al exjefe de Estado y exigieron su inmediato traslado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

Protestas, heridos y decisión política unánime

Ante el avance de la muchedumbre y la imposibilidad de controlar los accesos, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de balas de goma y gases para dispersar a los manifestantes. En los incidentes resultaron heridos varios civiles y el propio jefe policial de la Décima, Pedro Bavera. Frente al cuadro de desborde, el mando militar ordenó que Peña fuera llevado a las instalaciones del REP, ubicadas en las avenidas General Santos y Mariscal López, consideradas de mayor seguridad.

El arresto se concretó pocas horas después de que la Cámara de Senadores aprobara por unanimidad la destitución de Santiago Peña a través de un juicio político por mal desempeño de sus funciones. Aunque el dirigente colorado intentó anticiparse con una renuncia presentada el jueves, el Congreso decidió no tratarla para avanzar con el proceso de juzgamiento y dejar un precedente institucional.

La resolución parlamentaria también implicó la inhabilitación de Peña para asumir una banca como senador vitalicio, un beneficio habitual para los expresidentes paraguayos. El trasfondo de la crisis se vincula al colapso de Ueno Bank, entidad intervenida por insolvencia, cuyo derrumbe dejó a casi tres millones de ahorristas en vilo y desencadenó una ola de descontento social sin precedentes recientes en el país.

Investigación por delitos económicos y nuevo escenario político

La Fiscalía de Delitos Económicos imputa al exmandatario por presuntas figuras de lesión de confianza, lavado de activos, tráfico de influencias e infracciones informáticas. Las pesquisas buscan precisar el nivel de participación de Peña, quien en sus declaraciones juradas de 2023 figuraba como accionista relevante y titular de importantes fondos en certificados de depósito dentro del grupo financiero vinculado a Ueno Bank.

  • Peña afronta cargos por presuntos delitos económicos de alta gravedad.
  • El caso involucra la caída de Ueno Bank y el perjuicio a millones de ahorristas.
  • La destitución política fue acompañada por una fuerte presión social en las calles.

La causa también salpica a otros altos funcionarios. Entre ellos se destaca el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, quien se entregó voluntariamente a la Policía tras emitirse una orden de captura en su contra. A Carvallo se le atribuye no haber activado alertas regulatorias y haber permitido, presuntamente, la colocación indebida de fondos públicos en la entidad financiera hoy quebrada.

En su primer mensaje tras asumir la presidencia, Pedro Alliana prometió que “los casi tres millones de ahorristas damnificados serán plenamente compensados”, en un intento por contener la tensión social y recomponer la confianza en el sistema financiero paraguayo.

Con Peña detenido y bajo resguardo militar, y con un nuevo jefe de Estado en funciones, Paraguay atraviesa horas decisivas. La evolución de la investigación judicial, la capacidad del Gobierno para responder a los reclamos de los ahorristas y el clima en las calles marcarán el rumbo de una crisis que ya dejó una profunda huella política e institucional en el país vecino.

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